Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Buenaventura (Valle del Cauca), le impuso medida de aseguramiento con detención preventiva de la libertad en establecimiento carcelario a Mónica Andrea Bravo Bermúdez, funcionaria de la Defensoría del Pueblo.
La mujer enfrenta cargos de secuestro simple agravado, amenazas y torturas, en los que resultaron víctimas tres trabajadores suyos, entre ellos dos extranjeros.
En la misma investigación, y los mismos delitos, también fue a la cárcel Javier Enrique Bermúdez Yesquen, amigo de Mónica Andrea Bravo Bermúdez, quien la secundó en la maniobra delictiva señala la investigación.
Los hechos por los que la funcionaria está siendo investigada datan del 31 de enero de este año, cuando según la denuncia que le instauraron contrató a dos delincuentes de una llamada ‘oficina de cobro’ de Cali, para recuperar 40 millones de pesos que desconocidos le robaron en su residencia.
Bravo Bermudez citó en la vivienda a un empleado que le colaboraba con los servicios de aseo, y a dos extranjeros que habían efectuado un trabajo reciente en la casa, a quienes consideraba responsables del robo.
