En Cartagena la Alianza para el Desarrollo y Defensa del Canal del Dique, luego de la socialización de los prepliegos de la APP Canal del Dique, emitió un comunicado a la opinión pública, donde anunció acciones judiciales y sociales.
Consiste en defender el territorio de la voracidad de los modelos de negocios de las élites bogotanas.
Las comunidades organizadas solicitan al presidente de la república IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, a la vicepresidenta MARTA LUCÍA RAMÍREZ y al presidente de la ANI, MANUEL FELIPE GUTIÉRREZ TORRES, adoptar las correcciones del caso para que se conozca toda la verdad del macroproyecto. Esto es, ampliar las consultas previas a 30 comunidades excluidas en el proceso, corregir los 14 procesos consultivos que se están realizando y facilitar el derecho fundamental a la participación de las comunidades afectadas por el macroproyecto.
El Comunicado
PETICIÓN PUBLICA PARA QUE SE RESPETEN LOS PROCESOS CONSULTIVOS DE LA APP CANAL DEL DIQUE
La Alianza para la Defensa y Desarrollo del Territorio Canal del Dique, con el apoyo de 50 comunidades sociales, afros e indígenas, resaltamos nuestra preocupación por los últimos acontecimientos alrededor del macroproyecto Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.
Tomando en cuenta que:
- Este 16 de diciembre 2021, en Cartagena de Indias, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, Manuel Felipe Gutiérrez Torres, socializaron los prepliegos del macroproyecto sin que se terminara el proceso consultivo en franca contradicción con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, ratificado en Colombia por la Ley 21 de 1991 y el Artículo 76 de la Ley 99 de 1993. Estas normas aseguran los derechos de los pueblos indígenas y tribales a su territorio y la protección de sus valores culturales. Por tanto, es un derecho fundamental violado en el momento de presentar unos prepliegos sin resolver las peticiones de 30 comunidades para que se realicen las consultas predios en su seno.
- Es necesario recordar que desde hace 18 meses venimos advirtiendo las falencias del proceso consultivo, el cual está plagado de actos de corrupción propiciadas desde algunos funcionarios de la ANI y del Ministerio del Interior. Para cometer estas irregularidades se valieron como intermediarios a consultivos nacionales que gozan de una “excelente relación con la dirección de Asuntos Afros, Palenqueros, del ministerio”. Todas estas denuncias están debidamente soportadas y allegadas a la ANI, la Fiscalía y la Procuraduría. La misma Procuraduría Delegada para la Agricultura y el Medio Ambiente de Sucre advirtió de los posibles daños a la seguridad alimentaria y al medio ambiente que el macroproyecto podría producir. Tal advertencia la hizo en la mesa técnica del pasado 28 de octubre. Además, dijo, que ni siquiera la institucionalidad conocía el proyecto mucho menos las comunidades. Las 20 alcaldías de los municipios desconocen el proyecto, y fueron marginados del proceso de socialización. La prueba es que en la socialización de los pliegos no fue invitado un solo alcalde del área. Incluso, las tres corporaciones regionales fueron marginadas. Cardique, que tiene mayor incidencia en la zona, ha sido una convidada de piedra, tal como lo admitió Edwin Molina, funcionario de esa entidad.
- Lo que observamos es un fracaso de las consultas previa, ya que carecen de validez por tener una base de corrupción. Las reuniones de la presunta consultas las hicieron, en su mayoría, en patios de casas particulares donde no podían llegar toda la comunidad, según las denuncias que reposan en las autoridades correspondientes.
- Algunos líderes que estamos al frente de estas denuncias, hemos sido objeto de persecución y amenazas de muerte. Como el caso de Onilson Amaranto, quien fue objeto de un frustrado atentado en Bocacerrada.
PETICIÓN PÚBLICA
- Solicitamos al presidente de la república IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, a la vicepresidenta
MARTA LUCÍA RAMÍREZ y al presidente de la ANI, MANUEL FELIPE
GUTIÉRREZ TORRES, adoptar las correcciones del caso para que se conozca toda la verdad del macroproyecto. Esto es, ampliar las consultas previas a 30 comunidades excluidas en el proceso, corregir los 14 procesos consultivos que se están realizando y facilitar el derecho fundamental a la participación de las comunidades afectadas por el macroproyecto. - Solicitamos a los organismos de control ejercer sus funciones para garantizar los derechos fundamentales y colectivos que se están violando con esta conducta inconstitucional e ilegal de la presidencia de la República. Ponemos esta situación ante la ONU, la OIT y el Banco Mundial para que eviten un desastre ambiental tal como sucedió con Hidroituango.
- Solicitamos al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional medidas de protección extraordinarias debido a estas amenazas sufridas por los líderes en este proceso de lucha por la defensa del territorio.
- Convocamos a las bancadas alternativas ejercer un estricto control político del proceso del macroproyecto y preparar un Gran Debate.
- Hacemos un llamado a la opinión pública con el fin de respaldar las acciones de movilización social, administrativas y jurídicas que adelantaremos para obtener una medida provisional de protección de nuestros derechos colectivos y fundamentales. Este proyecto afectará a toda la Costa Caribe y solo beneficiará económicamente a las elites Bogotanas y antioqueñas con la complicidad de las élites locales.
