Por : Oscar Martínez Ortiz
La definición de la palabra valor es muy compleja y profunda, pero para este caso resultaría suficiente apelar al concepto más sencillo que lo describe como el grado de utilidad de las cosas para satisfacer necesidades o proporcionar bienestar. “El valor es una cualidad que se le otorga a los objetos, personas o hechos”.
En el ámbito político, casi siempre, el valor de un candidato o del partido que representa, desde el punto de vista funcional y contrario a la verdadera esencia de la política, definida como el arte de servir, se mide por su capacidad económica y maniobrabilidad de maquinarias electorales, donde pareciera que los contendores más fuertes apostaran a quién es más pillo (bandido) para ganar las elecciones. Es decir, cuánto tienes, cuánto vales. Semejante degradación conceptual avalada por la inconciencia ciudadana.
En ese escenario el aspecto cualitativo queda totalmente anulado y sale a relucir sólo lo cuantitativo. Es precisamente por eso que las campañas electorales se vuelven muy costosas en países tercermundistas como Colombia, y peor aún, en departamentos permeados por la cultura mafiosa como el Cesar, Guajira y Magdalena, entre otros de la Costa Caribe.
Hoy por hoy los “políticos poderosos” y sus respectivos partidos se han convertido en víctimas de su propio invento, en razón a que esa dinámica electorera, impuesta por ellos mismos, elevó los costos de cada uno de los componentes que definen una campaña proselitista considerada fuerte y con mucha opción de triunfo.
Esos componentes que ayudan en un alto porcentaje a lograr el triunfo electoral son muy diversos: administrativo y directivo, asesorías, político (el más costoso), logística, publicidad, divulgación e imagen, trabajo de campo, transporte, suministros generales, entre otros.
Las personas de cada una de esas áreas, en su mayoría, llegan predispuestas a ganar mucha plata y obtener el máximo provecho de esa campaña porque saben que se está en un proceso de un político o partido muy fuerte económicamente, conocedoras, además, de que esos grandes volúmenes de dinero, con pocas excepciones, no salen del bolsillo del candidato. Léase: saben que se lo ganaron fácil mediante procedimientos poco ortodoxos e ilegales.
Claro que las organizaciones políticas también cuentan, el mundillo político sabe que partidos como Centro Democrático, la U, Cambio Radical, Liberal y Conservador son fuertes y que de allí no salen candidatos con pocos recursos económicos. Mientras que, en otras colectividades como Alianza Verde, Polo Democrático, MAIS, AICO, MIRA, ASI, entre otros considerados de alternativa, sus aspirantes por lo general tienen limitaciones económicas. A ellos, las personas que trabajan en sus campañas les cobran barato o en algunos casos ni siquiera les exigen pagos.
Por ejemplo, para candidaturas al Congreso de la República o Gobernación, la campaña debe cubrir todo el departamento, eso indica que el candidato, además de su propia organización interna, debe comenzar por financiar aspirantes de todos los niveles en cada uno de los municipios, JAL, concejos, asamblea y alcaldías, además de los activistas o llamados líderes comunitarios. Eso opera para las campañas fuertes antes mencionadas, para las débiles por lo general los acuerdos se basan en expectativas de triunfo o construcción de procesos a futuro. No obstante, los resultados, en la mayoría de las veces, suelen dar como ganador a los llamados “poderosos”
Pero toda regla tiene su excepción, en el elector cesarense todavía retumba el eco de casos de triunfos muy particulares: Cristian Moreno Panezzo como gobernador y Félix Valera como senador, ambos elegidos por un partido pequeño y con pocos recursos económicos. Si ellos respondieron o no a las expectativas del pueblo ese es otro debate.
En este contexto, ¿no será que ya es hora de replantear los conceptos sobre los verdaderos valores de los candidatos y sus partidos? Es tiempo de recuperar la auténtica democracia. Como dijera el pensador: “Si el viento no sirve, coge los remos”.
