Al parecer con un contrato de arrendamiento se estaría generando la polémica entre las víctimas del conflicto que pone en bajo la lupa a la esposa del ex jefe paramilitar “Jorge 40”.
Se trata de Ana Carolina Vélez Salgado, esposa del exjefe paramilitar ‘Jorge 40′, a quien víctimas del conflicto señalan de beneficiarse con un contrato de la Unidad de Víctimas.
Acorde a un documento que ha sido cuestionado por las víctimas del conflicto armado, se trataría de un contrato de arrendamiento entre la Unidad de Víctimas y un predio que estaría beneficiando a la esposa del exjefe paramilitar ‘Jorge 40′, Ana Carolina Vélez Salgado.
El hoy candidato a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, Luis Fernando Lara Vásquez, campesino víctima del Conflicto armado habló sobre el hecho de que la esposa de ‘Jorge 40′ tiene contrato con la Unidad de Víctimas.
Se trata de un contrato de la sede Cesar-Riohacha, ubicada en la ciudad de Valledupar, está siendo objeto de críticas por cuenta de víctimas del conflicto armado. Dicho contrato fue adjudicado desde el 2019 y quien se beneficia de los recursos de arrendamiento es Ana Carolina Vélez Salgado, esposa del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40′.
Lara indicó que “venimos viendo inconsistencias en la Unidad de Víctimas”, puesto que el hijo de ‘Jorge 40′ “está en la oficina de víctimas del Ministerio del Interior”. Además, el pensar es que la Unidad de Víctimas “obedece a unos intereses de la familia del exparamilitar”.
“Miramos con preocupación que no se le ha dado importancia al tema en los medios de comunicación. Nosotros al principio hicimos todo lo posible para darle” visibilidad al tema. “Las víctimas van a saber de quién es el local donde los están atendiendo”, aseguró.
“Más que abandono, hay un poco de negligencia por parte de los funcionarios de la Unidad de Víctimas. Se debe averiguar todo lo que tiene que ver con la indemnización hacia las víctimas del conflicto”, sostuvo el ahora candidato a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, añadiendo que “antes daban más información”.
Por su parte, Vladimir Martin, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para las Víctimas, afirmó que esta Unidad “el contrato fue suscrito mediante un poder, un contrato que suscribió una sociedad limitada, no Ana Carolina Vélez. Es un inmueble de prioridad de una persona jurídica”.
“El Gobierno Nacional ha hecho un esfuerzo inmenso. Ha sido el que más recursos ha destinado” para las víctimas. “Queremos renovar nuestro esfuerzo para seguir trabajando en esa línea de reparar a las víctimas”, según el jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
Para la selección del inmueble, se hizo “todo un estudio de mercado”. Martín manifestó que, de acuerdo a este estudio, el edificio en cuestión era el único que cumplía las condiciones. “Desde 2019, la Unidad para las Víctimas ha realizado un procedimiento de búsqueda de inmuebles que cumplan con los requisitos para que la sede” de esta Unidad “pueda funcionar”, dijo Martín.
“Los contratos fueron suscritos de acuerdo al marco normativo y hay un criterio de transparencia, pueden ser consultados por la ciudadanía”, respondió, añadiendo que el edificio “cumplía con los requisitos. Es un inmueble que cumplía con las normas de adecuación específica para atención al ciudadano”.
