Juana Camila Pérez afirmó que interpuso denuncias en la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio del Trabajo por acoso laboral y sexual en la tienda donde trabajaba ubicada al sur de Bogotá.
Fiscalía citó a imputación de cargos a Bryan Smith Medina, gerente de Koaj, como presunto responsable del delito de acoso sexual por una denuncia que hizo pública Juana Camila Pérez, quien trabajó como asesora comercial de la marca en Centro Comercial Gran Plaza Bosa, en el sur de Bogotá.
La mujer denunció a través de sus redes sociales que, en marzo de 2020, cuando inició el aislamiento por el COVID-19, empezó a trabajar a puerta cerrada en la tienda mencionada y, al parecer, Bryan Smith Medina, gerente de la tienda mencionada, habría aprovechado para acosarla haciéndole comentarios morbosos e intentando tocarla.
La Fiscalía consideró que hay elementos para llamar a Medina a responder por los hechos ante un juez como presunto responsable del delito de acoso sexual. La diligencia será radicada en los próximos días.
La denuncia contra los gerentes de Koaj
De acuerdo con Juan Camila, en marzo de 2020, cuando se decretó el aislamiento obligatorio, uno de los gerentes de una de las tiendas la llamó para que trabajara a puerta cerrada. Ella aceptó. Todo iba bien, hasta que unos meses después, comenzó a acosarla con comentarios morbosos, cuenta ella.
“Yo lo ignoraba y le decía que me respetara. Esto sucedía todos los días, en todo momento. Luego de eso, me trataba de coger el brazo para así, con sus manos, poder tocarme los senos de la manera más asquerosa”, relata.
La situación empeoró pues, según la joven, el administrador trataba de quedarse a solas con ella para cometer más abusos. “Trataba de tocarme las piernas y yo, con lágrimas en los ojos, le decía que no lo hiciera más, que iba a hablar. Pero él siempre se reía y me decía: yo soy el gerente y usted una simple asesora”.
Después de lo sucedido, Camila empezó a trabajar en otra tienda de la misma empresa, a la cabeza de otro gerente. A finales de diciembre de 2020, empezó a sentirse enferma, tenía fiebre, malestar y cansancio. En ese momento, pensó que los síntomas estaban relacionados con el hecho de que llevaba “más de un mes sin descansar”.
El 29 de diciembre se agravó, por lo que acudió a urgencias. Allí le dijeron que tenía covid-19 y le dieron orden de aislamiento e incapacidad. Al comentarle a su jefe, la respuesta la dejó anonadada. Según Camila, él le dijo que eso a él no le importaba y que después de la incapacidad de tres días ella tenía que regresar al trabajo.
“Me obligó a trabajar el 2 de enero de 2021 con covid, ante un público tan grande y en mal estado de salud. Ese día, por más que les rogué y les mostré la prueba, no me dejaron ir, pero antes de irme, me advirtieron que por hablar y no haber trabajado así, se iban a desquitar”. Ella, sin embargo, optó por no ir al trabajo y cumplir con el aislamiento ordenado.
Cuando volvió, las amenazas se hicieron realidad, pues el gerente la maltrataba constantemente. “Me humillaba, no me dejaba ir al baño, me trataba mal, todo el tiempo amenazaba con despedirme, me gritaba y me decía cosas horribles. Empecé a enfermarme”, cuenta.
Actualmente, se encuentra en tratamiento con varios especialistas. En ese entonces, el parte médico confirmó que tenía fibromialgia por estrés, lumbago ciático, dolor crónico, episodio depresivo severo y trastorno de ansiedad generalizada.
Denunciar en redes sociales
Una de las razones por las que Camila hizo pública su denuncia fue por la falta de respuesta de las autoridades y la empresa. “Nosotros hemos hablado de que era un escenario en el que ella estaba intranquila. A raíz del acoso sexual y laboral, ella lastimosamente ha tenido problemas psicológicos y psiquiátricos. En ese sentido, contar lo que sucedió era algo que ella sentía que hacer. También por la frustración al no obtener una respuesta”, contó su abogado.
Para este tipo de situaciones, las redes sociales se han convertido precisamente en aliadas de las mujeres, sobre todo ante la poca confianza en las instituciones. De hecho, las denuncias de discriminación y acoso en redes gozan de protección constitucional, puesto que estas informan y sensibilizan a la sociedad sobre problemáticas de interés público, según ha indicado en varias ocasiones la Corte Constitucional.
