En igual sentido los obispos colombianos se pronunciaron
Después de conocerse diferentes reacciones con relación a la despenalización del aborto en Colombia, por decisión de la Corte Constitucional, se pronunció desde la capital del Atlántico el arzobispo de Barranquilla, monseñor Pablo Salas, quien rechaza y lamenta profundamente el fallo.
El arzobispo Salas criticó que el legislativo no haya tomado una mejor posición frente a la realidad del aborto en el país.
“Lamentamos mucho que la Corte Constitucional siga usurpando las decisiones que le corresponden al Legislativo; y también lamentamos que el legislativo tampoco haya tomado posición frente a esta realidad en Colombia. Estamos muy tristes de que haya sido así y me parece que no es un triunfo sino un día de luto para quienes defendemos la vida“, afirmó.
Finalmente dijo que esta decisión es una forma de generar violencia contra los inocentes.
“Es un acto inmoral y una práctica violenta contraria a la vida”: Obispos colombianos
Al respecto, los obispos de la Iglesia Católica colombiana, agrupados en la Conferencia Episcopal, expresaron este martes «su perplejidad y profundo dolor» por la decisión tomada este lunes por la Corte Constitucional, de despenalizar el aborto al sentenciar que este «solo será punible cuando se realice después de la vigésima cuarta (24) semana de gestación».
En un comunicado los jerarcas católicos expresan «su perplejidad y profundo dolor» por la determinación del alto tribunal y señalan que «observan que no se puede minimizar que todo embarazo implica la existencia de otro ser humano, distinto al de la madre, que está en estado de indefensión y vulnerabilidad, por tanto tiene el derecho a formar parte de una familia».
«Sostener que los derechos a la vida y a recibir la protección del Estado, amparados por la Constitución (cf. art. 2. 5. 9), no lo cobijan desde el momento de su concepción, es una afrenta a la dignidad humana. Por lo mismo, tutelar el supuesto derecho a suprimir una vida humana inocente, pone en riesgo el fundamento mismo de nuestro orden social y del Estado de Derecho. El aborto directo es un acto inmoral y una práctica violenta contraria a la vida».
Los obispos al mencionar el artículo 95 de la Constitución política de Colombia, aseveran que el problema del aborto no puede limitarse solo a la mujer en embarazo, sino que reclama además la solidaridad de la sociedad entera.
«Ya que esta virtud permite crear alternativas de bien, allí donde el mal se enarbola como única opción, queremos ser los primeros en ayudar a encontrar la opción buena cuando el aborto parece ser la solución. Lo hacemos en nombre de Aquel que vino a traer vida en abundancia, con la esperanza de que también el Estado, así como todos los compatriotas de buena voluntad, no escatimarán esfuerzos para proteger y promover la vida humana, aun en las circunstancias más complejas», concluyen.
El mensaje que lleva por título: ¡Recurramos todos a la solidaridad creativa en favor de la vida!, fue firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá; el vicepresidente, monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán; y el secretario general, monseñor Luis Manuel Alí Herrera, obispo auxiliar de Bogotá.
El texto integral del pronunciamiento de los obispos es el siguiente:
Los obispos católicos de Colombia manifestamos nuestra perplejidad y profundo dolor ante la nota de prensa de la Corte Constitucional del 21 de febrero sobre la “Conducta del aborto solo será punible cuando se realice después de la vigésima cuarta (24) semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos fijados en la Sentencia C-355 de 2006”.
Reconocemos que, en no pocas ocasiones, la realidad del aborto responde a dramas humanos que acarrean múltiples dificultades y angustias para la madre y su entorno, especialmente cuando el embarazo es consecuencia de violencia sexual o se debe afrontar en condiciones de abandono, exclusión o penuria económica. En estos casos, cuando la mujer es víctima, es razonable que tanto la sociedad civil como el ordenamiento jurídico procuren su defensa y protección.
Sin embargo, consideramos que la reivindicación de un derecho deja de ser legítima si implica negar o atropellar los derechos del prójimo. No se puede ocultar o minimizar el hecho de que todo embarazo implica la existencia de otro ser humano, distinto de la madre, en condiciones de indefensión y vulnerabilidad, quien tiene a su vez el derecho a formar parte de la familia humana. Sostener que los derechos a la vida y a recibir la protección del Estado, amparados por la Constitución (cf. art. 2. 5.9), no lo cobijan desde el momento de su concepción, es una afrenta a la dignidad humana. Por lo mismo, tutelar el supuesto derecho a suprimir una vida humana inocente, pone en riesgo el fundamento mismo de nuestro orden social y del Estado de Derecho. El aborto directo es un acto inmoral y una práctica violenta contraria a la vida.
Ante la vía abierta por la Corte, nos preguntamos entonces si no habrían otros caminos que permitieran salvaguardar la vida de las madres junto con la de sus hijos todavía no nacidos. El problema del aborto no puede limitarse solo a la mujer gestante, sino que reclama la solidaridad de la entera sociedad.
Todos los colombianos tenemos el deber constitucional de «obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas» (Constitución política de Colombia, art. 95, 2). Ya que esta virtud permite crear alternativas de bien, allí donde el mal se enarbola como única opción, queremos ser los primeros en ayudar a encontrar la opción buena cuando el aborto parece ser la solución. Lo hacemos en nombre de Aquel que vino a traer vida en abundancia, con la esperanza de que también el Estado, así como todos los compatriotas de buena voluntad, no escatimarán esfuerzos para proteger y promover la vida humana, aun en las circunstancias más complejas.
