La Fiscalía General de la Nación les imputó nuevos cargos a los procesados por los hechos de corrupción que rodearon la adjudicación del contrato 1043 de 2020, firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados.
En el marco de la segunda línea de investigación por el escándalo de Centros Poblados, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de falsedad ideológica en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares al representante de la empresa Rave Agencia de Seguros, Juan José Laverde y al empresario Ottomar Lascarro Torres.
Entre tanto, al representante legal de la unión temporal Luis Fernando Duque y Juan Carlos Cáceres, les formularon los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros.
En medio de la audiencia que se adelantó ante el juez 81 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, todos los procesados expresaron que están colaborando con la Fiscalía para esclarecer qué ocurrió este caso de corrupción.
La imputación contra Emilio Tapia, no se realizó porque no hubo conexión con la cárcel La Picota, por lo que deberá hacerse una nueva diligencia exclusivamente para anunciar un nuevo proceso por corrupción en su contra.
Según la Fiscalía General los procesados habrían utilizado 15 mil 242 millones de pesos del anticipo del contrato 1043 de diciembre de 2020, en excentricidades y lujos. Compras de apartamentos costosos, vehículos, préstamos y pagos de honorarios figuran entre estos gastos.
La Fiscalía presentó contundente material probatorio donde se detalla el manejo del anticipo, giros, reporte de beneficiados y el informe sobre en qué fueron invertidos los recursos que hacían parte del anticipo de los 70 mil millones de pesos.
