El país requiere de $65 billones para atender a 6,2 millones de víctimas en los próximos 10 años, sostuvo la Contraloría General de la República, que alertó sobre la necesidad de que se haga un mayor esfuerzo fiscal para reparar a las personas que han sufrido el impacto por el conflicto armado.
El ente de control considera que es insuficiente la destinación de recursos en el documento Conpes 4120 sobre el tema.
El contralor delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, al intervenir desde Montería en el Foro “¿Qué ha pasado con los recursos para el posconflicto?”, recalcó la posición que fijó al respecto el organismo de control en respuesta a un pronunciamiento solicitado por la Corte Constitucional.
Según los análisis realizados por la Contraloría, el Conpes 4120 para la Política Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas cuenta con una destinación de $142,1 billones, los cuales “resultan insuficientes y no son acordes al universo de población víctima pendiente de atención”.
“Las víctimas que han accedido a una medida de reparación no superan el 13% y, según nuestros cálculos, se requieren a junio de 2031 más de $328,3 billones para ejecutar 19 medidas contempladas en la ley. Esto significa que se requiere un mayor esfuerzo fiscal en adelante a fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la normatividad vigente”, subrayó el Contralor delegado.
Entre esas medidas se encuentran la indemnización, cuya meta es a 10 años, y la asignación de $11,5 billones no se compadece con el universo de víctimas pendientes de atención.
Referente a la vivienda, la Contraloría es tajante: aproximadamente a 3 millones de víctimas no se les ha cumplido con el acceso a todos los componentes que representan una vivienda adecuada.
Por otra parte, el Gobierno nacional en su informe anual 2021 no presenta resultados frente a los indicadores propuestos para la medición del derecho a la generación de ingresos. Hay 1,2 millones de víctimas pendientes de esta medida.
