La invitación tendría fecha para este martes en horas de la mañana, donde se espera acudan junto a sus fórmulas vicepresidenciales.
“En cumplimiento de las funciones constitucionales atribuidas a la Procuraduría General de la Nación en el artículo 118 de la Carta, en especial la de velar por las garantías del derecho a la participación, les extiendo una cordial invitación a una mesa de trabajo”, dice la misiva mediante la cual hizo la convocación el Ministerio Público.
Se trata de una carta que busca asimismo “escuchar y conocer las inquietudes que tengan en relación con las garantías que deben brindar todas las entidades competentes en las elecciones de Presidencia y Vicepresidencia de la República a realizarse el 29 de mayo de 2022”.
Todo parece indicar que esta invitación surgió luego de una investigación disciplinaria al registrador nacional, Alexánder Vega Rocha, con la que se busca poder llegar a determinar si este llegó a incurrir en algún tipo de falta disciplinaria relacionada con presuntas irregularidades en la selección y contratación estatal.
De igual forma determinar si se dio una posible omisión en sus funciones en el control de las votaciones y en la capacitación de los jurados.
Paralelo a la investigación, la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la Registraduría “por las presuntas irregularidades que pudieron presentarse en el proceso de inscripción de cédulas o traslado de los puestos de votación, entre otros”.
Margarita Cabello dio a conocer que designó un equipo élite de cuatro procuradores delegados se encuentra analizando las 1.600 quejas recibidas por la Procuraduría, el órgano encargado de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores y funcionarios públicos.
Cabe resaltar que hasta la semana anterior, ya habían recibido 400 denuncias, “para abrir 33 actuaciones disciplinarias por posibles irregularidades cometidas por jurados de votación, errores en la inscripción de cédulas, compra de votos y constreñimiento al elector, principalmente”.
La Procuraduría con esta reunión buscara que los aspirantes presidenciales puedan expresarle a la entidad que ella dirige las exigencias que tienen para la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo.
A pocas semanas de conocer quien será el presidente, existe preocupación por la transparencia y las garantías electorales de estos comicios.
Es por ellos que se hace imprescindible conocer las inquietudes y dudas que tengan los candidatos presidenciales será clave.
Lo cierto es que la Procuraduría busca evitar se vuelva a repetir ocurrido en las elecciones legislativas del 13 de mayo, en las que se presentó una gran diferencia entre el número de votos que arrojó el preconteo del día de los comicios y el escrutinio del que se encarga el Consejo Nacional Electoral.
Por su parte, para el registrador Vega, la diferencia entre el preconteo que realizó la entidad a su cargo y el escrutinio superaría la escandalosa cifra de un millón de votos.
Es de tener en cuenta que en los comicios al Senado, el Pacto Histórico “recuperó” 390.000 votos. Mientras tanto, otros partidos políticos, como el Centro Democrático, perdieron más de 50.000 votos con respecto a lo que se informó en el preconteo. Y todavía falta.
Situación a que se llegó como resultado de una serie de hechos que no se pueden volver a repetir y cuya responsabilidad recae por completo en la Registraduría y, por ende, en el registrador Vega.
Cabe decir que al margen de la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría contra este último, muchos insisten en la propuesta de un registrador ad hoc para las elecciones presidenciales.
Al respecto, algunos expertos en derecho y en temas electorales, para que esto suceda, una posibilidad sería una suspensión temporal por parte de la Procuraduría, pero este es un camino que hasta el momento no está claro.
Por ahora, la Procuradora quiere hacer una mesa de trabajo con los candidatos, con el fin de tomar las medidas necesarias para que las elecciones presidenciales tengan todas las garantías electorales
