El controversial empresario Emilio Tapia no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en el contrato de Centros Poblados con MinTic.
Este miércoles ante el Juzgado 34 de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía imputó al empresario Emilio Tapia por las presuntas irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnología de la información y las Comunicaciones (MinTIC), y la Unión Temporal Centros Poblados.
Los delitos por los que fue imputado Tapia y por los cuales no aceptó cargos son los de peculado por apropiación (nuevo cargo), fraude procesal y falsedad en documento privado.
Lo anterior, de acuerdo con la investigación, porque Tapia presuntamente ofreció y realizó el pago de 4.000 millones de pesos a Ottomar Lascarro Torres, quien ya fue imputado por estos hechos, para que las empresas del este participaran como parte de la Unión Temporal Centros Poblados, de manera ficticia, con el único objetivo de cumplir los requisitos para lograr la adjudicación de la licitación por más de un billón de pesos.
La Fiscalía indicó también que Tapia engañó a las personas encargadas de la licitación.
Luego de la adjudicación, se otorgó un anticipo al contratista por 70.000 millones de pesos, de los cuales $6.000 fueron entregados a Emilio Tapia, quien, presuntamente, giró 1.118 millones de pesos a los dueños de las compañías que facilitaron la creación de la unión temporal. Estos movimientos se hicieron en dólares con destino a Miami (Estados Unidos).
El excedente, algo más de 5.063 millones de pesos, el hoy procesado, al parecer, los usó para comprar de obras de arte, tiquetes aéreos y vehículos de gama alta; préstamos y los honorarios de los abogados que revisaron la parte legal del millonario contrato.
