Uno de los procesados habría utilizado medios fraudulentos para demostrar la convivencia por más de 18 años con la pensionada
Un aberrante caso donde se configuraron delitos como maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor, fraude procesal y enriquecimiento ilícito quedó al descubierto en una familia cartagenera.
La falta de atención hacía la pensionada Yadira Castellón Trujillo, de 67 años, al parecer, aceleraron la enfermedad quien falleció en febrero del 2021, lo cual desencadenó en la captura de tres personas, entre ellas, Eulises Rivas Castellón, hijo de la mujer, Joaquín Fernando Herrera Barrios, compañero sentimental, y a Anita Aguirre Gambo.
Estas personas fueron imputadas, según sus responsabilidades individuales, por los delitos de maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Ninguno aceptó su responsabilidad frente a los cargos.
De Joaquín Fernando Herrera Barrios indica la Fiscalía, que esta persona habría utilizado medios fraudulentos para demostrar la convivencia por más de 18 años, con Yadira Castellón Trujillo.
Los argumentos expuestos por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de Cartagena de la Seccional Bolívar, bastaron para que un juez de control de garantías judicializara a Eulises Rivas Castellón, Joaquín Fernando Herrera Barrios y a Anita Aguirre Gambo.
Labores de policía judicial evidenciaron que Eulises Rivas Castellón, hijo de Yadira Castellón Trujillo, de 67 años, no habría administrado de manera adecuada la pensión de su madre, facultad que le había sido dada debido al estado de salud de la mujer.
Esto se cree permitió cobrar la mesada pensional; en calidad de sobreviviente. Entre los documentos que sirvieron para acreditar esta situación estarían las declaraciones juradas que ante notaría realizó Anita Aguirre, quien habría afirmado la supuesta condición de compañeros permanentes de Herrera y Castellón.
Según demostró el fiscal del caso una vez los dineros eran cobrados por Herrera, los entregaban al hijo de la causante, a cambio del reconocimiento de un porcentaje de dichas sumas. Por estos hechos los presuntos involucrados fueron capturados el 28 de junio por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el barrio La María de Cartagena.
De otra parte, y ante las aparentes irregularidades la Fiscalía logró que el juez suspendiera provisionalmente el pago de la pensión de sobrevivientes reconocida a Joaquín Herrera. Por disposición del juez Eulises Rivas deberá cumplir la medida privativa en un centro de reclusión. Herrera Barrios y Aguirre Gambo lo harán en sus domicilios.
