Por disposición del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, las líneas investigativas abiertas por las posibles irregularidades detectadas en la contratación y manejo del Proyecto Hidroituango fueron concentradas en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de unificar criterios y tener una visión integral sobre el proceso.
Luego de una valoración de la evidencia técnica y los elementos probatorios obtenidos, se encontraron méritos suficientes para solicitar audiencias de imputación contra nueve personas, entre exfuncionarios y particulares, en tres frentes.
- Contratación directa.
El 30 de marzo de 2011, Hidroituango SA ESP y EPM Ituango SA ESP celebraron un contrato denominado BOOMT (Build, Owner, Operate, Manteining and Transfer), cuyo objeto fue la financiación para la construcción, operación, detentación, mantenimiento y transferencia final de la generadora hidroeléctrica Pescadero – Ituango.
La Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquía (IDEA) participaron directamente en la celebración y tramite del citado contrato, el cual fue entregado mediante una negociación directa a la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM ESP).
Esta actuación habría vulnerado principios esenciales de la contratación pública previstos en la Constitución y diferentes normas. En ese sentido, la Fiscalía imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero; al exgerente del IDEA, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio; al exalcalde de Medellín, Fabio Alfonso Salazar Jaramillo; y al ex gerente general de EPM ESP, Federico José Restrepo Posada.
- Licencia ambiental desviación temporal Río Cauca.
En junio de 2015, EPM ESP inició la implementación de un sistema auxiliar de desviación del Río Cauca y construcción de un tercer túnel sin tramitar u obtener previamente una autorización de modificación de la licencia ambiental que le fue otorgada, como se lo había exigido el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
El material de prueba da cuenta de que, con información presuntamente falsa, fue radicada una primera petición de ampliación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el 22 de diciembre de 2015, la cual fue negada. Posteriormente, se presentó una segunda solicitud, el 5 de julio de 2016, que finalmente fue aprobada.
La Fiscalía estableció que, supuestamente, se presentaron documentos que contenían afirmaciones y hechos contrarios a la verdad porque, al parecer, se quería ocultar que las obras estaban en marcha sin el aval ambiental.
- Contratación Sistema Auxiliar de Desviación Río Cauca.
Las demoras en la entrada de operación de Hidroituango por cambios en los diseños, retrasos en la contratación y ejecución de las obras, problemas geológicos y geotécnicos no detectados en los estudios técnicos previos, entre otros aspectos que generaban graves consecuencias económicas; llevaron al Consorcio CCC Ituango a contratar como ‘obra extra’ un Sistema Auxiliar de Desviación del Río Cauca y la construcción de un tercer túnel o galería auxiliar.
Dicha contratación, que ascendió a más de 127.100 millones de pesos, se hizo mediante modificaciones bilaterales al contrato original, en diciembre de 2015. Este proceso contractual, al parecer, no tuvo estudios geológicos suficientes y adecuados; además, no estaba definido el diseño ni se tenía la modificación de la licencia ambiental, entre otras posibles omisiones.
Por estos hechos, la Fiscalía imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado al vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM ESP, Luis Javier Vélez Duque; al vicepresidente ejecutivo de Proyectos de Desviación de EPM ESP, Wilson Chinchilla Herrera; y al director de desarrollo del proyecto Hidroituango, Álvaro León Ospina Montoya.
