El cara a cara entre Barreras y Publio se dará en septiembre por injuria y calumnia a partir de una denuncia del oficial (r) contra el senador.
Este lunes así lo dejó conocer la Corte Suprema de Justicia, tras reprogramar para el mes de septiembre la conciliación prevista donde tendrán que verse cara a cara el presidente del Congreso, Roy Barreras y el coronel (r) Publio Mejía, dentro del proceso que por injuria y calumnia presentó contra el congresista.
El caso se relaciona con las visitas que hizo el hermano del presidente electo, Gustavo Petro, a los pabellones de los extraditables en la cárcel Picota de Bogotá, en medio de su campaña presidencial.
El coronel (r) denunció al senador y lo calificó de ‘criminal’ en medio de un debate con la senadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó fuertemente las visitas del hermano de Petro.
En una entrevista, Roy Barreras pidió la opinión de la senadora sobre el coronel. “Yo quiero la opinión de ella sobre el coronel Publio Hernán Mejía, o la JEP los dejó libres y volvieron a ser criminales: Robinson González del Río, empleado de Matamba, después de estar condenado por 47 ‘falsos positivos’. Ellos salieron, son uribistas y ella no los menciona”.
El coronel en retiro dijo en la denuncia contra Barreras que el congresista incurrió en los delitos de injuria y calumnia, tras indicar que no existe ningún fallo en su contra.
“Un ataque directo e indirecto contra nuestra integridad física como social y moral”, señala uno de los apartes de la denuncia al advertir que no se ha probado su supuesta responsabilidad en los denominados ‘falsos positivos’.
Cabe mencionar que en el 2017 el coronel Publio Mejía decidió acogerse a la JEP y allí ha negado su responsabilidad en cualquier hecho de conflicto armado.
“La irregular actuación del senador Roy Barreras atacando la buena imagen pública, el buen nombre y el honor de un militar reconocido, sobre quien no pesa ninguna sentencia ejecutoriada, manteniendo la presunción constitucional de inocencia, y tampoco investigaciones por crímenes luego de su sometimiento a la justicia transicional por operaciones militares, evidentemente desbordó el Código Penal Colombiano en varios de sus fragmentos”, destaca otro de los apartes de la denuncia.
