Varios municipios del sur de Bolívar se encuentran en alerta por constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales que operan en la zona.
La disputa es generada por el control de la serranía de San Lucas dado que, por su ubicación geográfica, al parecer funciona como corredor para el tráfico de estupefacientes, cultivos de coca y minería ilegal.
Los enfrentamientos de las últimas horas han afectado a zonas rurales como lo son Santa Rosa del Sur, Arenal del Sur, Montecristo y Morales. Así las cosas, las familias que allí residen se encuentran atemorizadas por la situación.
Carlos Trujillo, secretario del Interior de Montecristo, dijo que las disputas han ocasionado que por lo menos 600 familias fueron desplazadas de sus hogares en el Bolivador, jurisdicción de Morales. En este momento, esas personas se dirigen hacia el sector de la Y en zona rural de Santa Rosa del Sur. Contó también que otras 180 familias se encuentran en la misma situación, pero en el corregimiento Mina Viejito, jurisdicción de Arenal del Sur. Así mismo, las poblaciones se encuentran a la espera de una pronta intervención por parte de las autoridades nacionales.
“Toda la serranía de San Lucas es rica en minería por su extensa vegetación, por eso se requiere más presencia institucional, intervención directa, con inversión social en carreteras y vías para conectar a estos territorios apartados”, añadió
Ahora bien, aunque los enfrentamientos no han sido dirigidos a la población civil, se conoce que en esta zona delinquen grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y el ELN. Bolívar, no es el único departamento afectado con estos desplazamientos, las acciones de grupos armados ilegales han generado el desplazamiento de indígenas de la comunidad kankuama en el Cesar, lo que llevó la Defensoría del Pueblo a pedir a las autoridades que se adopten las medidas necesarias para su protección.
Un informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia entregó este 28 de julio la Defensoría del Pueblo como insumo a las acciones que debe emprender el Estado para atender los requerimientos que en esta materia hacen las comunidades afectadas. Se trata del boletín semestral en el que la entidad publicó las cifras sobre los casos de desplazamiento forzado y la prestación de los servicios de salud, entre otros.
Finalmente, el titular de ese despacho, Carlos Camargo, señaló que ese informe recoge el trabajo que adelanta el Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, que según dijo, resulta fundamental para el acompañamiento y seguimiento a las políticas públicas. Igualmente, hizo un llamado a las diferentes entidades para que tomen en cuenta las recomendaciones que se hacen para lograr la garantía de los derechos de todos los ciudadanos, particularmente de los más vulnerables.
