La petición de la Procuraduría es hacia la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que implemente un mecanismo que garantice la participación de las comunidades de Atlántico, Sucre y Bolívar, que se podrían ver afectadas por los posibles impactos sociales y ambientales del proyecto del Canal del Dique.
El Ministerio Público alertó por la ausencia de acciones de mitigación o compensación para la comunidad del corregimiento de Bocacerrada en San Onofre, Sucre, que ya están previstas para la planta La Camaronera, por lo que requirió remitir las explicaciones sobre las razones por las cuales se planea privilegiar las obras de protección para un sector y no para otro.
Para el órgano de control resulta inaplazable la socialización completa del proyecto porque las comunidades no lo conocen y por eso la participación debe ser permanente en todas las etapas de la ejecución de esta iniciativa que tendrá un valor superior a $ 3.2 billones de pesos.
