En el marco de los lineamientos del Gobierno Nacional, y con el fin de garantizar la mayor efectividad en las operaciones contra el lavado de activos en Colombia, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la desarticulación de una organización multicrimen trasnacional, dedicada al lavado de activos mediante la conformación de empresas fachada que facilitaban actividades de contrabando a una cadena de almacenes de ropa, además de aplicar medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 1.110 de sus bienes.
Las diligencias se realizaron en las ciudades de Bogotá D.C., Barranquilla (Atlántico) y Montería (Córdoba), en donde se dio la captura de seis ciudadanos libaneses nacionalizados en Colombia, integrantes de la junta directiva de un conglomerado empresarial, además de otros siete ciudadanos colombianos que eran los representantes legales de empresas fachada encargadas de realizar importaciones ficticias a favor de la cadena de almacenes, de igual manera fueron imputados siete personas más.
Luego de más de 60 meses de indagaciones, los investigadores de la DIJIN descubrieron que una sociedad financiera, conformada por al menos 60 empresas con nombres asociados a un conglomerado empresarial en particular, estaban constituidas solo en el papel, con el fin de facilitar multimillonarias operaciones de lavado de activos a través del contrabando de ropa y accesorios.
Precisamente, la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, advirtió a la Fiscalía General de la Nación, de 68 operaciones sospechosas de la empresa, que estarían vinculadas con delitos como: lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito.
Esta cadena de almacenes ha estado envuelta en operativos de aprehensiones y decomisos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por no registrar información cambiaria ni declaración de importación. Así mismo, cuenta con empresas a nivel nacional, que simulan fungir como importadoras y compradoras de mercancía en el exterior, y otras empresas que, a nivel internacional, simulan fungir como exportadoras de estas mismas, cuando en realidad la operación comercial de compra y pago de las mercancías se realiza por
parte de la cadena de almacenes de ropa y accesorios.
Precisamente las personas capturadas que hacían parte de la junta directiva de este
conglomerado, se encargaron de conseguir trabajadores sin vida crediticia para hacerlos pasar como representantes legales de sus empresas y así cerrar el ciclo de las millonarias operaciones de lavado de activos.
Es el caso de una importadora, que inició en 2014 con un capital de 200 millones de pesos y en ese mismo año generó ingresos brutos operacionales por más de 7 mil millones de pesos.
Para el 2015 tuvo ingresos de 1.423 millones y para el año 2016 generó 2.134 millones de pesos. Es decir que en 3 años logró mover en efectivo la suma de 10.943.999.000, y todo esto sin reportarlo en las declaraciones de renta ante la DIAN, fue en ese momento en el que los investigadores verificaron la dirección de esta empresa, encontrando que en ese lugar solo había un humilde cuarto de un pensionado y quien no conocía nada de tales transacciones.
La misma empresa tuvo movimientos en divisas por más de 3.5 millones de dólares
americanos, además de desviar dineros para el pago de contrabando dejando por fuera el pago de impuestos por más de 1 millón de dólares.
La investigación llegó tan lejos que permitió establecer, que siendo esta empresa proveedora de telas y accesorios de ropa, exportó cerca de 1.5 millones de dólares en chatarra ferrosa, la cual no tiene ninguna relación con el objeto social de la compañía.
Por otro lado, se logró determinar que las empresas controladas por el mismo conglomerado se aprovecharon de algunos beneficios que otorga la DIAN como el levante automático de mercancía por un valor superior a 4 millones de dólares; también declarando importaciones inexistentes por valores superiores a los 1.5 millones de dólares.
Varias Empresas ficticias fueron empleadas para simular importaciones desde China, India, Singapur, Hong Kong y Panamá hacia Colombia. En este sentido, la investigación puso al descubierto que el dinero obtenido era enviado a través de transferencias bancarias a la República Libanesa.
Durante el proceso investigativo se halló que varias empresas fueron creadas solo en el papel como las encargadas de realizar procesos de importación y exportación. Así mismo otras, sirvieron de fachada para ocultar operaciones simuladas de importación y exportación encargándose estas últimas de comprar y legalizar la mercancía de contrabando que posteriormente era adquirida de “buena fe” por parte de los representantes legales capturados.
Con estas acciones se afectaba a los pequeños empresarios y distribuidores de ropa al detal en Colombia, dejándolos sin margen de maniobra y de ganancias puesto que subfacturaba el valor real de prendas de vestir con precios irrisorios, tanto así que un pantalón de hombre se facturaba por 1.700 pesos y camisetas desde 672 pesos colombianos.
Entre tanto, se realizó una investigación espejo cuyo resultado fue la aplicación de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 1.110 bienes muebles e inmuebles, avaluados comercialmente en más de 1.2 billones de pesos, ubicados en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Cesar, Sucre, la Guajira, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Casanare, Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Nariño y Quindío, así: 58 inmuebles (3 apartamentos, 7 casas, 9 fincas, 3 Garajes, 26 locales y 10 lotes); 65 establecimientos de comercio; 20 sociedades; 14 vehículos y 953 semovientes.
Los capturados tendrán que responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y podrían enfrentar penas privativas de la libertad que van desde los 10 a los 30 años de cárcel.
