En Colombia el aborto es legal hasta la semana 24, sin embargo, es uno de los países que más ha perseguido a las mujeres por abortar, por ello, las organizaciones feministas denuncian que siguen los obstáculos para acceder a la interrupción de voluntaria del embarazo.
En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal en Colombia se celebraron siete meses desde que se conoció la sentencia- C055, que despenalizó el aborto hasta la semana 24.
Profamilia explicó que en ese tiempo observó, a través de su IPS, un aumento del 18% en el número de procedimientos legales y seguros; es decir, que cada vez menos mujeres toman la vía de la clandestinidad para acceder a su derecho a abortar. Y también agregó, que el 94% de los abortos se realizan en los primeros e meses de gestación.
“Este año, la celebración del 28S es diferente. El mundo mira a Colombia como un referente progresista que reconoce la autonomía reproductiva como un derecho. Es la celebración del movimiento social de mujeres y el de los profesionales de salud sobre los que también recae el estigma. ¡La implementación es el reto! Debemos fortalecer los procesos continuos de Educación Integral en Sexualidad, la reducción de las violencias, el acceso a métodos anticonceptivos y a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad”, afirmó Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia.
Sin embargo, la organización feminista Jacarandas, denuncia que a las mujeres que quieren acceder a este derecho, se les está negando el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, así sea por urgencias, que remiten a las mujeres a otros especialistas para dilatar los procedimientos, que están realizando legrados (La OMS lo considera tortura) y solicitan requisitos no necesarios adicionales a niñas y adolescentes.
Estos serían los centros de salud que estarían poniendo barreras para evitar que las mujeres aborten:
Por esto, le piden al Ministerio de Salud, a la Supersalud y a las Secretarías de Salud que adopten las medidas necesarias de vigilancia y control para que se pueda garantizar el acceso a este derecho en el país.
