El Área Metropolitana de Barranquilla, en su condición de autoridad de transporte público, pidió en carta al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que intervenga para que los servicios de transporte en este territorio se presten bajo el cumplimiento del ordenamiento legal, controlando las plataformas o aplicaciones que hoy funcionan de manera ilegal con vehículos particulares.
“Defendemos la libertad de empresa, pero de manera legal, que nos permita garantizarle al ciudadano que, en caso de un accidente, estén cubiertos por las pólizas mínimas de responsabilidad, que ese prestador está autorizado y tiene una licencia que le permite prestar un servicio público, y que ese vehículo también cumple con la normatividad del transporte en Colombia”, afirmó el director del Área Metropolitana de Barranquilla, Libardo García.
El funcionario manifestó que la actual situación amerita una intervención porque la disposición legal hoy no se está cumpliendo, teniendo en cuenta que “el transporte público es un servicio bajo la protección y regulación del Estado, amparado bajo la Constitución Política de Colombia, y la forma cómo se presta a través de este tipo de plataformas no cumple con las exigencias establecidas por la ley”.
Informó que ya han sido instauradas acciones penales por delitos y acciones contrarias a la normativa y que, según las cifras del Área Metropolitana de Barranquilla, se han sancionado a más de 100 conductores que infringen las normas al prestar servicios públicos a través de carros particulares.
“La mayoría de estos particulares, que actualmente son infractores de las normas de tránsito y transporte, prestan estos servicios a través de aplicaciones como Uber, Indriver, Didi y similares, contra quienes hemos instaurado denuncias penales por considerar que están incurriendo en delitos como el de usurpación de funciones públicas tipificado en el artículo 425 del Código Penal”.
En el documento enviado y firmado por el director del Área Metropolitana de Barranquilla se solicita el apoyo del ministerio en atención a las regulaciones que permitirían ponerle control a la ilegalidad.
“Solicitamos su apoyo para que, dentro del desarrollo de sus funciones y competencias, puedan regular normativamente las actividades realizadas por todas estas plataformas, de tal forma que solo los vehículos que cumplan con las condiciones establecidas en la ley puedan registrarse en las aplicaciones y, en caso de incumplimiento, establecer un régimen sancionatorio que incluya la imposición de multas a quienes infrinjan lo establecido”, agregó.
El AMB invitó a los funcionarios del ministerio de las TIC a trabajar conjuntamente para encontrar una solución pronta a una situación que afecta no solo al gremio de taxistas sino también a los usuarios de este servicio público.
