Habría ofrecido millonarios sobornos para resultar beneficiado con contratos en el sector de la salud. En la actualidad se encuentra libre.
El expresidente de la EPS Cafesalud, Guillermo Grosso fue condenado este martes por los delitos de concierto para delinquir. y cohecho (ofrecimiento de sobornos en tres casos). En la lectura del sentido del fallo, el juez 28 de conocimiento de Bogotá advirtió la gravedad de la actuación de Grosso al afectar el sistema de salud y los recursos públicos para beneficiarse económicamente.
Para el juez, existe evidencia suficiente para inferir que Grosso montó una IPS con un aire de legalidad y ofreció millonarios sobornos para resultar beneficiado. En este sentido se manifiesta que se contactó con Eva Katherine Carrascal, quien, entre los años 2016 y 2018. Fungió como Superintendente Delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia de Salud para pagarle dádivas para que le entregaran la administración de recursos y pacientes de otras EPS que estaban en crisis.
“Su vocación no era salvarlas, sino tener información, una asesoría interna de la Superintendencia de Salud para luego pervertir el sistema y decir ‘mire, yo soy su salvador’, y esto es lo que hacía Guillermo Grosso Sandoval”, precisó el funcionario judicial en la lectura del fallo.
En este sentido advirtió que se concertó para conformar una IPS, adquirir contratos para la atención de pacientes. “Podían estar tres personas, prácticamente, generando empresa: Guillermo Grosso, Javier Peña y John Colmenares. Realizaban una labor legalmente permitida que es atender a pacientes, tener una IPS, de cualquier tipo de atención que se presentara, pero traer a Eva (Carrascal) cruzó la línea de lo que es legal”.
El juez advirtió que estas tres personas “cruzaron la línea de lo que es legal e ilegal (…) No se le puede estar pagando, prometiendo a una funcionaria pública, que tiene funciones de vigilancia dentro del mismo gremio las dádivas que se le prometieron y los dineros que en verdad entraron a su causa personal”.
Por estos hechos, la Fiscalía General pidió una condena ejemplar y su traslado a un centro carcelario: “No está acreditada circunstancia alguna de marginilidad, ignorancia o pobreza extrema que hubiese podido incidir en la comisión de delitos por los que se judializó (…) Tiene situaciones privilegiadas”.
El fiscal advirtió que en los últimos años se han presentado múltiples casos de corrupción en el sistema de la salud: “Es necesario que la sociedad comprenda que debe primar la transparencia en la relación derivada de la prestación al servicio de salud, que no es un servicio público y un derecho fundamental”.
El expresidente de Cafesalud, quien fue capturado el 29 de abril de 2021, habría concertado con los exrepresentantes de dos Institutos Prestadores de Salud (IPS), Luis Enrique Flórez Fontalvo y José Luis Mayorca Castilla, para extender de manera irregular extendió un contrato firmado por el anterior presidente de Cafesalud. La ampliación de uno a tres años aumentó el valor en más de 26.800 millones de pesos.
De otra parte, suscribió tres contratos con Mayorca Castilla. Uno por 110.826 millones de pesos, otro por 37.631 millones de pesos, y el tercero por 48.294 millones de pesos.
Los elementos de prueba dan cuenta de que, por estas actuaciones que terminaron por favorecer a los contratistas, Grosso Sandoval habría recibido 2.496 millones de pesos. Los pagos, supuestamente, se hicieron en efectivo y a través de una tercera empresa de servicios de salud. Asimismo, se estableció que recibió parte del dinero luego de dejar el cargo como presidente de la liquidada EPS.
Grosso enfrenta otro proceso penal por el delito de cohecho impropio. En este proceso, la Fiscalía General sostiene que el expresidente de Cafesalud habría otorgado dos contratos por un valor total de 52.600 millones de pesos a una Institución Prestadora de Salud (IPS) que, supuestamente, había creado junto con un conocido, con el fin de atender a 70.000 pacientes en las localidades de Engativá y Suba, en Bogotá.
Según la investigación del ente acusador, Grosso Sandoval habría acordado recibir entre 40 y 50 millones de pesos mensuales por su posible intervención ilegal en la concesión de los contratos. El material de prueba recopilado por la Fiscalía indica que Grosso Sandoval habría recibido 664 millones de pesos en efectivo entre mayo de 2016 y junio de 2017.
