El político estaba citado el martes a rendir indagatoria en el caso que se lleva contra Aida Merlano.
Arturo Char Chaljub asegura que ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia puede ver su caso con imparcialidad. La razón es que los togados que adoptarán una decisión sobre su situación jurídica con posible medida de aseguramiento, según él ya “han participado dentro del proceso mediante la realización de afirmaciones de las cuales se evidencia un prejuzgamiento sobre mi responsabilidad penal en el caso”.
Por esta razón, el exsenador presentó una recusación contra ellos. En su escrito, Char asegura que en esa situación están incursos Francisco Javier Farfán Molina, Misael Fernando Rodríguez Castellanos, Cristina Lombana Velásquez, César Augusto Reyes Medina y Marco Antonio Rueda Soto.
Char fundamenta su petición con un argumento. Para su defensa, “es causal de impedimento que el mismo funcionario encargado de definir la situación jurídica del procesado haya participado de manera trascendente o sustancial anteriormente en el proceso, comprometiendo su criterio y afectando su serenidad, ecuanimidad, objetividad e imparcialidad. Esto ocurre cuando, como en este caso, el juez ha emitido juicios de valor y ponderaciones jurídicas y probatorias en relación con aspectos fundamentales de la responsabilidad penal, y no meramente accesorios o triviales”.
En ese sentido, el senador recuerda algunas expresiones citadas por la Corte Suprema en la cual se establece su responsabilidad en los hechos que se investigan y que tienen que ver con el caso de la congresista prófuga y recientemente enviada desde Venezuela, Aida Merlano.
Algunas de esas expresiones son las siguientes:
“que desde la llamada “Casa Blanca” se desarrolló una superlativa compra de votos para las elecciones del Congreso de la República 2018-2022, que Lilibeth Llinás Delgado fue su fórmula a la Cámara de Representantes, producto del acuerdo celebrado entre la familia Char, con Arturo Char Chaljub entre sus cabezas (…)”.
“Y lo anterior incrimina al aforado Char Chaljub, porque pone en evidencia que esa falta de apego a la verdad, cuando niega su participación en la coalición con Julio Gerlein Echavarría, para promover las campañas de Aida Merlano y Lilibeth Llinás, y su asistencia a una reunión en la referida “Casa Banca” para concretar esa alianza, no obstante que se percibe con claridad que lo hace para no reconocer que promovió una doble militancia política, revela su claro interés, apenas natural, en deslindarse, sin éxito, de la asociación para delinquir de la que probablemente hizo parte”.
“De todo lo acotado en precedencia se colige que Arturo Char Chaljub si hizo parte del acuerdo ilegal entre las familias Char y Gerlein, y que este además, probablemente se involucró en la compra de votos que se investiga, porque no otra explicación tienen sus visitas, más de una, a la sede Casa Blanca (…)”.
Por cuenta de esto, según Char, ya existe un “un prejuzgamiento en mi contra, ya que se asume que hice parte de un acuerdo ilegal y de la compra de votos. Las afirmaciones provienen de los magistrados que tomarán una decisión sobre la definición de mi situación jurídica, lo cual plantea preocupaciones sobre su imparcialidad en el proceso”.
En el escrito, Char recuerda cómo ha vivido su proceso penal que comenzó en 2018 cuando la fiscalía compulsó copias en su contra. Luego, el 24 de noviembre de 2022 la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la apertura de instrucción en su contra por la posible comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante agravado.
Char recuerda en la solicitud que hace a la corte, que “la separación de las funciones de instrucción y de juzgamiento forma parte hoy del estándar constitucional en materia procesal penal”.
Y frente a eso agrega que “el desconocimiento de la imparcialidad judicial que motiva la presente recusación se presenta por verse sometido el imputado a ver su situación jurídica definida por parte de la misma autoridad que adelantó la instrucción, lo cual adopta una especial gravedad debido a que en este caso dicha autoridad al dictar auto de apertura realizó manifestaciones que denotan un claro prejuzgamiento que impiden definir la situación jurídica de una manera imparcial”.
Por lo tanto, pide que queden suspendidos las misiones de trabajo y las actividades investigativas de su proceso hasta tanto no se resuelva la recusación.
