En 2016 el canciller le entregó una carta al entonces fiscal y al ministro de Defensa sin que el país conociera esa gestión.
El hoy Canciller de Colombia en el año 2016, antes de que se firmara el acuerdo de paz con las FARC del teatro Colón y días antes de que el país fuera a las urnas en el plebiscito. Pues bien, Álvaro Leyva sostuvo reuniones con varios representantes del Gobierno y de la justicia. Una de esas reuniones fue con el entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Otra con el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Sin firmarse la paz, Leyva les entregó a ambos un documento titulado “Notas para la regularización y aplicación de recursos monetarios y no monetarios que conforman la economía de guerra de los insurgentes”.
El canciller Leyva fue llamado por el expresidente Santos como uno de los salvavidas para renegociar algunos términos del acuerdo antes de que este sucumbiera por la ausencia de avances en la negociación con la delegación oficial y cuando el tiempo apremiaba. Leyva fue clave en la estructuración del Sistema de Justicia Transicional. Pero como plenipotenciario delegado por el expresidente Santos, representaba los intereses del Gobierno, se suponía, no de las Farc.
El documento, con fecha 30 de septiembre de 2016, propuso un listado de nueve puntos para que hubiese un camino a la legalización de los activos de las FARC obtenidos ilegalmente durante todos los años de conflicto. “Conforme al Acuerdo Final de paz con las FARC-EP y como parte de la negociación política que ha venido conduciendo a un proceso de normalización y reincorporación a la vida económica y social de esa agrupación alzada en armas, se plantea lo siguiente a título exploratorio“, dice el resumen del documento.
Dentro de los nueve puntos enlistados, Leyva o las Farc, proponían la creación de una fiducia con el fin de legalizar e invertir los recursos y dejar solo el 30 % del total con el fin de reparar a las víctimas.
“Los recursos monetarios de las FARC EP, disponibles en el país, serán declarados por este grupo insurgente ante el Estado colombiano que los regularizará para darles uso legal. Serían depositados en un fondo fiduciario, autónomo e intangible. Para el efecto el presidente de la República emitirá la norma de regularización correspondiente y de amnistía si fuera el caso“.
Amnistía. El documento propuso una amnistía para los recursos ilegales. Seguido de ese primer punto, el documento aseveraba que los insurgentes no tenían recursos monetarios adicionales ni en el país ni en el extranjero. Y señalaba que si se encontrasen bienes diferentes a los declarados, estos pasarían a las arcas del Estado. Pero sin sanciones.
El fondo fiduciario que proponía el canciller Leyva tenía este esquema de Gobierno: un consejo fiduciario compuesto por cinco representantes, tres de la insurgencia y dos representantes del Estado, estos últimos nombrados por el jefe de Estado. Pero la presidencia del fondo sería ejercida por uno de los representantes de las Farc.
Más adelante se señala un subtítulo llamado “del empleo de los recursos del Fondo Fiduciario”.
“Los recursos de la Fiducia serían depositados en uno o varios bancos del sistema bancario nacional identificados por el Consejo Fiduciario buscando la mayor rentabilidad de los saldos de dichos recursos”.
El documento buscaba legalizar los activos y bienes de las FARC a través del sistema bancario. Y luego propone que del total de los recursos de las FARC solo 30 % fueran entregados para la reparación de las víctimas. “Treinta por ciento de recursos serían empleados en la reparación monetaria de las víctimas, sin perjuicio de otros actos de reparación. La identificación de los receptores y los recursos monetarios que se les asigne serían definidos por la justicia restaurativa o Justicia Especial para la paz”.
El restante 70 % del total serían usados para los proyectos productivos de los firmantes con base en criterios de “rentabilidad privada, rentabilidad social y sostenibilidad ambiental”, dice la carta.
Eso por supuesto no ocurrió y lo que terminó pasando es que las Farc debieron construir un listado de sus bienes para la reparación de las víctimas, listado que fue cuestionado por no considerarse suficiente y con la declaración reciente de Martín Sombra a la JEP en donde este aseguró que las FARC tenían recursos en bancos suizos.
Quien llevó este documento a ambas reuniones con Martínez y Villegas fue el canciller Leyva representando los intereses de las FARC, aunque nunca se conoció bajo qué figura y por qué con tantos beneficios para la guerrilla que no había firmado ningún acuerdo de paz
Esta emisora le envió un cuestionario detallado al canciller y su despacho de prensa con estas preguntas. Hasta ahora no han respondido.
