Atencion inmediata pidió la Procuraduría al Gobierno para los desplazados por la violencia en Buenaventura.
Son 274 personas que representan 124 familias que han tenido que salir huyendo de sus tierras, en el Bajo Calima, por el acoso de los grupos ilegales.
La presencia de una Comisión Extraordinaria del Ministerio Público, en el principal puerto sobre el Pacífico, evidenció las condiciones indignas de salubridad e higiénicas, en las que se encuentran, en el Coliseo Cristal, gran parte de los desterrados.
Tan solo entre enero y junio de este año, el ente de control ha recibido 2.603 declaraciones individuales por desplazamiento forzado, confinamiento y amenazas.
Cinco desplazamientos masivos rurales y dos urbanos a Buenaventura son radiografías de la problemática que allí se vive.
La situación no ha sido fácil para los desplazados cuando han salido de sus territorios desterrados por la violencia y se encuentran en Buenaventura con otra grave situación de orden público.
“Instamos al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares y de Policía a brindar las garantías necesarias para el retorno de estas familias que llevan más de un año sin recibir una atención adecuada“, dijo José Luis Martínez, coordinador de la Comisión Extraordinaria de la Procuraduría.
