- El ente de control pidió al Gobierno, cumplir con el acuerdo de inutilización de vía ilegal causante de deforestación en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.
- – El Ministerio Público advirtió que las probables disminuciones de cifras de deforestación podrían obedecer al control territorial y presencia de grupos armados en áreas protegidas.
La Procuraduría General de la Nación exhortó a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, a cumplir con su compromiso de activar una ruta encaminada a la inutilización y destrucción de la nueva vía de 22.7 kilómetros de extensión, construida de manera ilegal en el municipio de Calamar, departamento de Guaviare, generadora de dinámicas de deforestación en inmediaciones del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.
De acuerdo con el ente de control, la responsabilidad fue asumida por el Gobierno Nacional, desde el pasado 8 de junio, en una reunión convocada por la Procuraduría y en la que se demostró la construcción de esta vía en apenas 135 días, sin el permiso ambiental ni la autorización de la comunidad indígena del resguardo Yaguara ni de las autoridades competentes.
El Ministerio Público precisó que, en el desarrollo de dicho espacio, también se constató que no se realizó sustracción previa de la zona de reserva forestal de la Amazonía para la construcción de dicha vía, ni forma parte del sistema vial proyectado por los entes territoriales convocados, quienes refirieron no haber sido consultados.
Los compromisos acordados en la mesa para atender los concerniente a las dinámicas de deforestación en inmediaciones del Parque Nacional Natural, también involucran al Ejercito Nacional, Parques Nacionales Naturales, la gobernación del Guaviare, la alcaldía de Calamar, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA, entre otros.
Finalmente, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios reiteró que hará seguimiento al cumplimiento de las actuaciones de todas las entidades competentes, que permitan combatir la deforestación en la Amazonía y los delitos que atenten contra el medio ambiente sano.
