La Procuraduría General de la Nación conceptuó que el proyecto de ley de borrón y cuenta nueva sobre el derecho al habeas data financiero (proyecto de ley Estatutaria 062 de 2019 Senado y 314 de 2019 Cámara), se ajusta a la Constitución.
En concepto enviado a la Corte Constitucional, el Ministerio Público señaló que la norma promueve la educación financiera en los ciudadanos, lo que facilita su acceso al sistema en las mejores condiciones para su economía.
Respeta el principio de caducidad porque prohíbe la conservación indefinida de información financiera en base de datos, después de que hayan desaparecido las causas que originaron el recaudo de la misma.
Sobre régimen de transición o amnistía general incluido en la norma, la Procuraduría señaló que el núcleo esencial de la libertad de empresa no se ve afectado por la fijación de plazos especiales, porque las competencias de las fuentes, operadores y usuarios en la administración de los datos financieros se mantuvieron.
Para el órgano de control, la iniciativa responde al principio de solidaridad, pues con su implementación se busca avanzar en la democratización del crédito y garantizar que la ciudadanía tenga un mayor acceso al sector financiero.
Igualmente, no afecta el derecho de los usuarios a recibir información veraz e imparcial sobre el dato personal de contenido financiero o crediticio, así como no genera desigualdad entre deudores morosos y cumplidos y no afecta la estabilidad del sistema financiero.
Sobre la aplicación de tecnologías que permitirán enviar alertas al titular de la información sobre nuevas obligaciones reportadas en su historia crediticia, el órgano de control señaló que su creación contribuye al ejercicio del derecho a conocer, actualizar y rectificar la información personal, comercial, crediticia y financiera de los ciudadanos, contenida en las centrales de información.
