Para hacer una breve reseña de lo que ocurre, se recuerda que el abogado Ricardo Estrada Piña duró poco menos de dos semanas como magistrado auxiliar del Tribunal de Garantías y Vigilancia Electoral del departamento del Magdalena, cargo al que renunció. Esto, sembró un interrogante; ¿Por qué dejó un puesto clave para su partido político en víspera de unas elecciones regionales y, de paso, renuncia a un salario poco despreciable de $11’083.048 mensuales hasta diciembre?
Indagando en varias fuentes, las preguntas tuvieron respuestas: “no lo hizo por voluntad propia, sino que le exigieron la renuncia”, reveló, inicialmente, un congresista del Magdalena.
Todo comenzó a través de la Resolución 4731 del 30 de junio de 2023 firmada por Fabiola Márquez Grisales y Álvaro Hernán Prada, presidenta y vicepresidente del CNE, en la que fueron nombrados 67 funcionarios con el fin de que en ejercicio de la función de vigilancia, inspección y control atribuidas a esta Corporación “desarrollen actividades preventivas que permitan identificar posibles amenazas al proceso electoral” del próximo 29 de octubre.
Por el Magdalena designaron a Ricardo Estrada Piña, Carol Camargo Solano y Delain Arias De La Cruz.
El escrutinio de las hojas de vida comenzó de inmediato. Seguimiento.co, nuestro portal aliado en Santa Marta, halló que Estrada y Camargo han recibido millonarios contratos de la alcaldía de Santa Marta como miembros del movimiento de izquierda Fuerza Ciudadana, cuyo jefe es el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.
De Arias poco se sabe. En sus redes sociales dice que fue asesor de la Cámara de Representantes; por sus publicaciones en Twitter no hay duda de que es afecto a partidos tradicionales. Al parecer de Cambio Radical.
Tras aceptar su nombramiento, Estrada se posesionó el 3 de julio.
“Tener una filiación política no es impedimento para ocupar este cargo”, explicaron abogados expertos en temas electorales consultados por Emisora Atlántico y Zona Cero.com, pero en el caso de Estrada Piña, tras revelaciones de Seguimiento.co, surgió un hecho que alertó y “causó especial molestia y disgusto” en el Consejo Nacional Electoral: es el esposo de Ingrid Aguirre Juvinao, representante a la Cámara por el Magdalena, congresista de Fuerza Ciudadana.
El revuelo político estalló en el Magdalena, al igual que las quejas y los pronunciamientos sobre la “falta de garantías” para las otras organizaciones políticas en contienda.
“Nos metieron un gol”, pensaron en el CNE a sabiendas de que, si bien no había una inhabilidad, estaban frente al caso de un funcionario inmerso en un “conflicto ético”. Por lo sucedido se molestó hasta la magistrada Alba Lucía Velásquez, del Polo Democrático, quien postuló la hoja de vida del abogado Ricardo Estrada.
Al posesionarse bajo la gravedad de juramento Estrada Piña se comprometió a “guardar celosa confidencialidad sobre toda la información, documentos y demás efectos reservados, y no dar noticias o información sobre asuntos de su conocimiento sin estar facultado expresamente para ello”.
¿Cómo se puede guardar celosa confidencialidad sobre la información, documentos y demás efectos reservados de las elecciones, siendo esposo de una Congresista?
Bajo esa consideración, el problema identificado era que se trataba de un magistrado del Tribunal de Garantía que no “transmitía confianza” a los demás grupos políticos y a la comunidad en general por sus intereses manifiestos, claramente demostrables, como integrante de Fuerza Ciudadana y su vínculo marital.
El partido político intentó defender a su alfil. Una y otra vez pidió que no echaran el nombramiento para atrás, pero la propia magistrada Velásquez, con mucho criterio y pensando en el conflicto ético, dijo que no podía quedarse.
La Sala Plena no estaba dispuesta a aguantar dilaciones y los ocho magistrados tomaron la “decisión por unanimidad” de pedirle la renuncia al recién nombrado.
“Si no lo hace, será destituido”, fue la conclusión y el mensaje que le enviaron.
Al abogado Ricardo Estrada Piña no le quedó otra que renunciar, aunque en su carta dijo que lo hacía por “motivos de crecimiento personal” y por “una mejor oferta laboral”. Quedarse sin el millonario sueldo del CNE seguramente no será un problema para él, pues tendrá a su disposición la contratocracia de la Alcaldía de Santa Marta donde desde 2021 ha firmado ocho contratos que le ha dado la alcaldesa, Virna Johnson, amiga y copartidaria de su esposa, por más de 130 millones de pesos.
