Como muy preocupante, calificó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, la situación de vulneración de derechos humanos que enfrentan los habitantes de más de 33 veredas del municipio de Cáceres, en Antioquia, región del Bajo Cauca.
Durante más de 50 días, han soportado los confinamientos impuestos por grupos al margen de la ley que delinquen en la zona.
De acuerdo con el Defensor Carlos Camargo Asís, la situación persiste debido a las dinámicas propias del territorio. Allí confluyen las acciones de grupos al margen de la ley, mayoritariamente el Clan del Golfo, así como la presencia del ELN y disidencias de las FARC.
«Estamos haciendo un seguimiento especial a esta situación. Nos preocupa la afectación a más de 900 familias de 33 veredas. Encontramos que la población ya está sumida en el hambre y la desolación. Hacemos un llamado al Alto Comisionado para la Paz, para que, de manera puntual, se involucre con estos grupos armados que han manifestado voluntad de negociación y sean incluidos en los procesos que se adelantan con otras estructuras criminales», dijo Camargo Asís.
La situación de confinamientos en esta zona de Antioquia se ha prolongado por varios meses. Los grupos al margen de la ley impiden la libre movilidad de los ciudadanos, obstaculizando así toda la dinámica social de estas poblaciones.
“También, hacemos un llamado al Ministro del Interior para que convoque de manera inmediata a una comisión intersectorial de seguimiento a las alertas tempranas. Esto permitirá revisar las recomendaciones que la Defensoría ha venido dando en los informes de seguimiento y poder mitigar los confinamientos que se han registrado en esta zona del país”, expresó el defensor del Pueblo.
Según la entidad defensorial, los confinamientos armados de poblaciones enteras y los desplazamientos masivos han recrudecido en los primeros seis meses de 2023.
