Desde el domingo cuando María Jimena Duzán reveló la existencia del “Funcionario colombiano 3″, como el receptor de un soborno hasta ese momento desconocido dentro del caso Aval-Odebrecht, se han desatado las especulaciones sobre su posible identidad y la forma en la que se pagó esa coima.
Todo partió de un documento muy sustancioso que es la “Declaración de hechos”, un anexo al Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido firmado entre el grupo Aval, a través de Corficolombiana, sus abogados en Nueva York y, del otro lado, por el gobierno de Estados Unidos representado por el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores (SEC).
En el Reporte Coronel, el periodista Daniel Coronel precisó que hay otro papel de la SEC menos llamativo pero que contiene una información fundamental: El soborno de mayo de 2014 no fue pagado a una persona sino que se efectuó a través de aportes a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos.
El documento tiene un título bastante modesto y aburrido. Se llama “Procedimiento administrativo número 3-21559″.
“Y empieza estableciendo que lo que dice es parte de una oferta de los demandados al gobierno de Estados Unidos. El mismo documento establece que los demandados son el Grupo Aval y su empresa Corficolombiana y que ellos propusieron una negociación judicial que la SEC decidió aceptar”, dice el periodista.
“Es decir esto deja claro que no es resultado de una investigación de las autoridades estadounidenses sino que todo lo dicho viene del Grupo Aval como propuesta de negociación judicial. La investigación que adelanta el FBI, como lo reveló en su momento Catalina Suárez en la W, aún no ha hecho públicos sus hallazgos. Eso todavía está por pasar”, precisó Coronell.
“Lo que hemos visto hasta ahora es la confesión que hace el Grupo Aval para que, a cambio de la aceptación de responsabilidad y del pago de 80 millones de dólares se difiera el procesamiento judicial contra sus accionistas, los señores Sarmiento, y miembros de sus juntas directivas”, agrega el también columnista.
El papel dice que el Grupo Aval lo hizo anticipándose a la iniciación de un procedimiento judicial que ya estaba en camino.
Sin embargo lo más interesante está en otra parte. Dice que los sobornadores colombianos de Aval y brasileños de Odebrecht hicieron un primer pago en mayo de 2014. Si eso es cierto, sucedió en vísperas la primera vuelta de las elección presidencial, votación que tuvo lugar el 25 de mayo.
El papel también asegura que el ejecutivo brasileño (que sería Eleuberto Martorelli) le informó sobre el soborno al Ejecutivo de Corficolombiana (que según Aval es José Elías Melo) y que este último aceptó el esquema de soborno y autorizó los pagos a intermediarios a través del Consorcio Ruta del Sol 2.
Según el otro papel, el del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ese aporte ilegal a la campaña de 3.4 millones de dólares ocurrió en mayo de 2014. Si ponemos los dos documentos juntos se puede concluir que no fue el pago a una persona en particular sino la entrada de financiación ilegal a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos.
En el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido no fue mencionado el “Colombian Official 3″ que recibió el presunto soborno de Odebrecht y Aval. Solo es mencionado en el anexo “Declaración de hechos”.
Según Coronell, una persona cercana a Santos le dijo que hasta ahora solo hay dichos pero no hay –al menos todavía– una prueba de la entrada de esos aportes a la campaña de reelección.
El documento de la SEC dice también que los sobornos por la extensión Ocaña-Gamarra continuaron hasta el año 2016. Y que de 2014 a 2016 esos sobornos sumaron 28 millones de dólares. Les leo el punto 15 del documento:
“15. El Ejecutivo de Corficolombiana hizo que el Consorcio RDS 2 pagara aproximadamente 28 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno colombiano entre 2014 y 2016 por la Extensión Ocaña-Gamarra. Específicamente, la constructora brasileña pagó aproximadamente $4 millones en 2014; la concesionaria RDS 2 pagó aproximadamente $13,2 millones desde 2014 hasta 2016 (aproximadamente $2,7 millones a través de un banco corresponsal ubicado en Estados Unidos), y la constructora RDS 2 pagó aproximadamente $10,9 millones desde 2014 hasta 2016.”
El documento también asegura que el Grupo Aval, que era minoritario en el Consorcio de la Ruta del Sol 2, se ganó 32 millones de dólares como resultado de los sobornos y que las utilidades ilícitas fueron integradas a los estados financieros de Grupo Aval hasta 2020 y camufladas en los libros de contabilidad.
