Seis personas, entre ellas cuatro ecuatorianos y un colombiano, fueron detenidos en la noche de este miércoles por su presunta vinculación con un coche bomba que poco antes había causado varias explosiones en una zona comercial del centro de Quito sin causar víctimas.
Así lo informó en declaraciones a periodistas desde la zona donde se produjeron las explosiones el general de la Policía Pablo Ramírez, quien indicó que algunos de los detenidos registran antecedentes como extorsión, robo y asesinato.
Los detenidos se encuentran a la espera de pasar a disposición judicial, mientras los policías mantienen acordonada la zona de las explosiones en busca de más evidencias.
Ramírez detalló que tres de ellos habían sido detenidos hace quince días por el robo de un camión y por secuestros en diferentes partes de la ciudad, pero que fueron puestos en libertad condicional por la Justicia.
El general precisó que los seis detenidos fueron capturados mientras se trasladaban en un vehículo que se encontraba reportado como robado, al igual que el automóvil usado para el presunto atentado.
Si bien en la Policía en un primer momento señaló que la serie de explosiones eran producto de un incendio del vehículo, el general de la Policía reveló que, al ser revisado, los agentes hallaron en su interior dos bombonas de gas, mecha lenta y “aparentemente tacos de dinamita”.
Coches bombas similares al estallado este miércoles en Quito también se registraron anteriormente el año pasado en varias ocasiones en la portuaria ciudad de Guayaquil, uno de los epicentros de la violencia que vive el país.
Ramírez consideró que el lugar de la detonación del automóvil responde a que en ese punto de la ciudad se encontraba anteriormente la sede del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), el departamento estatal encargado del control y custodia de las cárceles de Ecuador.
En ese sentido, atribuyó el atentado como una presunta represalia del crimen organizado por una serie de traslados de presos realizados entre distintas cárceles durante la jornada de este miércoles.
También este miércoles se produjo una intervención de la Policía y de las Fuerzas Armadas en la cárcel de Latacunga, de la provincia andina de Cotopaxi, situada a unos 70 kilómetros al sur de Quito, que a su vez desató sendos motines en las prisiones de las ciudades andinas de Cuenca y Azogues, capitales provinciales de Azuay y Cañar, respectivamente.
En la cárcel de Turi, como también se le conoce a la prisión de Cuenca, los presos retuvieron incluso a un grupo de guardias carcelarios, si bien el SNAI no detalló el número de funcionarios que se encuentran en esa situación.
Estas tres cárceles (Latacunga, Cuenca y Azogues) están presuntamente controladas por la banda criminal Los Lobos, entre cuyos cabecillas está Luis Arboleda, más conocido como “Gordo Luis”, detenido en julio en Colombia y, que no hay confirmación oficial de que fuera trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca.
El operativo realizado por policías y militares este miércoles en la cárcel de Latacunga forma parte de la serie de intervenciones que las fuerzas estatales están realizando en las cárceles de Ecuador bajo el estado de excepción decretado desde finales de julio en todo el sistema penitenciario nacional.
Con ello se busca desarmar a las bandas criminales que controlan los centros carcelarios y evitar nuevas masacres como las que desde 2020 han supuesto más de 400 presos asesinados por enfrentamientos entre estos grupos, una situación que también se ha trasladado a las calles.
En la prisión de Latacunga hallaron cerca de medio centenar de armas blancas, si bien no se reportaron armas de fuego y explosivos como los operativos realizados recientemente en el complejo carcelario de Guayaquil, un conjunto de cinco prisiones donde se halló un arsenal de guerra compuesto por fusiles, granadas, lanzagranadas y miles de balas, entre otros elementos.
Esta situación de violencia carcelaria también se ha trasladado a las calles, lo que ha hecho que el país pase en cinco años de 5,8 a 25,32 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2022, la cifra más alta de su historia, con recurrentes asesinados que han tenido como víctimas políticos, jueces y fiscales, entre ellos el candidato presidencial Fernando Villavicencio.
