La hoy acusada usando su cargo habría direccionado a través de distintos funcionarios de la gobernación la adjudicación de manera directa de tres contratos a una empresa de la cual era representante legal, una mujer que hizo parte de su campaña política en el 2015 en calidad de contadora.
La adjudicación de los contratos se hizo de manera directa, eliminando cualquier proceso licitatorio público que brindara garantías de transparencia, selección objetiva, planeación y la participación de distintas propuestas económicas y técnicas que permitieran seleccionar al mejor oferente.
Otra de las irregularidades advertida por la Fiscalía es el impedimento que tenía la gobernadora para contratar con personas que al parecer eran cercanas a ella, y que además hubieran formado parte de su equipo de trabajo cuando aspiraba al primer cargo político del Magdalena.
Es así como Cotes de Zúñiga es señalada de no cumplir con los principios de selección objetiva, transparencia y no controlar ni supervisar la contratación al ser la ordenadora del gasto de la gobernación.
Los contratos investigados son el 798 de 2016, 822 de 2017 y 566 de 2018. Estos documentos alcanzaron un valor de 1.023 millones de pesos y tenían por objeto implementar las normas internacionales de contabilidad en los procesos de la gobernación. Un requisito establecido por la Contaduría General de la Nación.
Con el material recaudado, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, acusó formalmente a la gobernadora del Magdalena para el periodo 2016 -2019, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en tres eventos.
