La Procuraduría General de la Nación pidió a la alcaldesa de Santa Marta, Virna Jhonson, a los delegados del gobierno departamental, a los registradores municipales y a la Policía, informar sobre las gestiones realizadas para garantizar el orden público, y la prestación del servicio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que fue interrumpido desde el pasado 02 de octubre por amenazas de toma a sus instalaciones.
La comunicación enviada por las procuradurías regional Magdalena y provincial Santa Marta, asegura que las labores de la Registraduría en esta ciudad se mantienen interrumpidas, situación que afecta derechos fundamentales como la identidad de los colombianos, fe pública registral, y su participación en el proceso electoral.
