Al acoger la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, la Corte Constitucional ordenó a la Alcaldía de Bogotá realizar brigadas de salud en todos los centros de detención transitoria -CDT- de la capital, con el fin de atender las necesidades de la población privada de la libertad.
Las brigadas fueron requeridas por la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales durante las inspecciones judiciales a los centros de detención de la capital, en las que se constató la grave situación de salud presentada por varios de los internos.
Las diligencias realizadas a los establecimientos tenían como objeto verificar el cumplimiento de la sentencia SU-122 de 2022 de la Corte Constitucional, que extendió el estado de cosas inconstitucional por hacinamiento carcelario a los CDT del país.
Con esa orden, el alto tribunal busca proteger los derechos de las personas que se encuentran detenidas preventivamente, mientras se consolida un esquema de salud permanente en los establecimientos de reclusión municipales, tal como lo ordena la sentencia objeto de seguimiento.
Las brigadas deberán incluir el suministro de medicamentos, la atención de urgencias odontológicas, entre otros servicios, y deberá incluir a la población migrante recluida.
Así mismo, la Alcaldía de Bogotá deberá presentar un informe detallado donde relacione las actividades ejecutadas, el personal que las llevó a cabo, la totalidad de los servicios prestados, y el registro de los casos más graves de afectación a la salud.
