Polémica en la Cámara de Representantes: ¿Atentado a la libertad de prensa o búsqueda de transparencia en el proceso contra el presidente?
En una sorpresiva movida, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ha citado a congresistas y voceros de veedurías ciudadanas para ratificación presencial en las denuncias contra el presidente Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de su campaña en 2022.
En un comunicado oficial, la instancia legislativa solicitó a la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y al Consejo Nacional Electoral informar sobre todos los expedientes activos relacionados con el proceso.
Sin embargo, la atención se centra en el requerimiento al CTI de la Fiscalía de recolectar todas las notas de prensa sobre la presunta violación de topes y entrada de dineros ilícitos a la campaña presidencial.
La sorpresa radica en la petición adicional: «se oficie a cada uno de los medios para que informen los fundamentos y sustento de cada nota periodística». De manera particular, se exige a la Revista Semana aportar información «sobre la fuente de la cual se obtuvieron los audios de WhatsApp de Armando Alberto Benedetti en los que sostenía conversación con Laura Sarabia, actual directora del Departamento de Prosperidad Social».
Esta solicitud ha generado fuertes críticas, especialmente por parte de Vicky Dávila, directora de la Revista Semana, quien calificó la petición como un «atentado a la libertad de prensa». Dávila argumentó que la sentencia 594-17 de la Corte Constitucional de Colombia establece que «la reserva de las fuentes es una parte central de la libertad de información y un derecho fundamental de quienes ejercen la profesión periodística».
Los representantes Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, ambos del Pacto Histórico, firman la resolución y lideran el proceso contra Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara.
