La Contraloría General de la República expidió la resolución 002-2023 con la que asegura que el Ministerio de Relaciones Exteriores no cumplió con todos los requisitos antes de declarar una urgencia manifiesta, en medio de lo sucedido con el contrato para la expedición de pasaportes con la compañía Thomas Greg and Sons.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores no se ajustó a la exigencia legal de remitir inmediatamente el expediente de Urgencia Manifiesta al organismo que ejerce control fiscal, para que se procediera al control automático de legalidad exigido por la norma legal”, indica uno de los apartes de la resolución emitida por la Contraloría.
Cabe mencionar que a través de esta urgencia manifiesta, fue dada una prorroga por un año a Thomas Greg para el contrato para la licitación y prestación del servicio de elaboración de pasaportes en el país, 20 días antes de que finalizara el contrato que se estaba llevando a cabo.
Asimismo, el texto del organismo explica que “no se ajustan a los presupuestos normativos señalados en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993; sin perjuicio del control posterior que sobre el contrato celebrado debe hacer esta delegada, para verificar el cumplimiento de la planeación contractual entre otros aspectos, por parte de la entidad”.
De acuerdo con el documento, la urgencia manifiesta que utilizó el Ministerio de Relaciones Exteriores para entregar esa licitación no se ajustó a las normas de contratación estatal, por lo que incluso la Contraloría aseguró que remitirá estos hechos a la Procuraduría para que sean investigados a profundidad.
