La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su malestar y desaprobación hacia Perú por haber liberado al expresidente Alberto Fujimori, contradiciendo así las sentencias emitidas por el tribunal internacional.
Este desacato por parte del Estado peruano se produce debido a que ha acatado la decisión del Tribunal Constitucional peruano, que restableció los efectos del indulto otorgado al exmandatario por motivos humanitarios, a pesar de la orden de la CIDH de abstenerse de aplicarlo.
La CIDH había ordenado al Estado peruano que no implementara el indulto concedido a Fujimori, quien cumplía una sentencia de 25 años de prisión por los casos de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, en las cuales murieron un total de 25 personas.
Estos crímenes, considerados graves violaciones de los derechos humanos, habían sido juzgados y condenados por la justicia peruana.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional de Perú, basándose en la salud deteriorada de Fujimori, decidió anular los efectos de la condena y otorgarle un indulto humanitario en diciembre de 2017.
Esta decisión generó gran controversia y repudio en la sociedad peruana, así como fuertes críticas por parte de la CIDH, que consideró que el indulto no era acorde con las obligaciones internacionales de los Estados en materia de justicia y reparación de víctimas.
Además, insta al Estado peruano a tomar medidas para garantizar que no se repitan hechos similares en el futuro y a seguir trabajando en la lucha contra la impunidad y la violencia en el país.
Esta situación pone de manifiesto los desafíos que enfrenta Perú en la consolidación del respeto a los derechos humanos y la necesidad de una atención adecuada a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
