La exministra del deporte defiende su gestión y señala al presidente del COC de difamación.
En una intensa respuesta ante las acusaciones formuladas por Panam Sports sobre la retirada de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2027, la exministra del deporte María Isabel Urrutia afirmó en una entrevista radial que se siente víctima de una campaña de desprestigio y desmintió las alegaciones en su contra.
Urrutia expresó: «Todos son unos mentirosos, me quieren echar el agua sucia a mí», refiriéndose a las distintas acusaciones que la señalan por no haber adelantado la gestión necesaria para la realización de los juegos. La exministra aseguró haber dejado todo listo para la ejecución del evento.
La exfuncionaria argumentó que, durante su administración, expresó al presidente Gustavo Petro su preocupación por el pago de 8 millones de dólares que Colombia debía hacer a Panam Sports. Según Urrutia, el presidente estuvo de acuerdo con ella, considerando la difícil situación económica del país.
Adicionalmente, Urrutia afirmó que el Gobierno Nacional no debía asumir ese pago, sino que era responsabilidad de Barranquilla. Para superar este obstáculo, la exministra incluyó a los municipios de Malambo y Puerto Colombia en el proyecto.
«Los juegos nunca existieron porque el pasado gobierno nunca hizo un Conpes ni lo incluyó en el presupuesto nacional», declaró Urrutia, desmintiendo las acusaciones del presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, quien afirmó que no hubo gestión en su administración.
La exministra señaló que desde su despacho se realizaron estudios, revisiones de escenarios y se dejó todo listo para la logística y organización, enfatizando que solo faltaba el desembolso del dinero. Urrutia también desmintió a Solano, alegando que respondió a las gestiones de Panam Sports y el COC.
«Desde el ministerio era imposible hacer el pago de los 8 millones de dólares», sostuvo Urrutia, argumentando que el presupuesto anual del ministerio era de 661 mil millones de pesos, que ascendió a 1.2 billones de pesos. Admitió que, de haber realizado el pago, el ministerio no contaba con los recursos suficientes y habría estado siendo investigada.
En conclusión, María Isabel Urrutia defiende su gestión y desmiente las acusaciones, señalando una presunta campaña de difamación en su contra por parte del presidente del COC y otros involucrados.
