A propósito de la Tasa de Seguridad

Por: Jorge Vergara Carbó
Economista

A raíz del debate planteado por los Diputados Varela, Baute y Lourdes López, al igual que los comentarios y foros hechos por voceros de los servicios públicos domiciliarios, con relación a la tarifa de energía me permito hacer los siguientes comentarios:

Pagar la tasa de Seguridad Ciudadana es un deber de todos los atlanticenses. La ley y su Decreto Reglamentario determina en que se deben utilizar esos recursos
Con relación al porcentaje que se viene pagando a la empresa AIR-E del 3%, sobre el valor recaudado, es una cifra alta, tal como se demuestra en el cuadro que adjuntamos. Ese porcentaje se ha debido revisar desde hace años, dado que los montos que se pagaban por ese recaudo estaban por fuera del mercado. Aparte del 3%, reconocido, la empresa se queda 45 días con el dinero, y en ocasiones como la actual llega a más de dos meses.
Creo que no se necesita una ordenanza para sentarse a renegociar el acuerdo firmado con Electricaribe, hoy AIR-E. El gobernador cuenta con los elementos jurídicos existentes, así como el personal calificado para conseguir una buena negociación.
Lo ideal, es que no se le pague un solo peso, tal como sucede con el impuesto del alumbrado público (art 349 al 352 de la Ley 1819 de 2016), por quedarse esta empresa con el dinero durante 45 días o más.
La ordenanza se justifica, por el otro fin que es la de exonerar de su pago a los estratos 1 y 2, tal como se aprobó por parte del Conejo del Distrito de Barranquilla, para el impuesto del alumbrado público.
Decirle a quienes han venido promoviendo la idea equivocada, de que hay que eliminar de la facturación de la empresa AIR-E, el recaudo del impuesto de alumbrado público y de la tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, para bajar el costo de la factura a pagar. Decirles que su desconocimiento es total, porque primero el impuesto de alumbrado público debe cobrarlo la empresa que presta el servicio de energía eléctrica sea privada o pública, sin cobrar un solo pesos por ese servicio (mandato por el art 352 de la Ley 1819 de 2016); y la Tasa de Seguridad Ciudadana también es fijada por la Ley 1421 de 2010. Lo que quiere indicar que si no la cobra AIR-E, la tiene que cobrar otra empresa. Los ciudadanos tenemos que pagar tanto el impuesto como la tasa.
Por último, decirles a los que han promovido el debate de las altas tarifas, que la tarifa que pagamos por cada kilovatio que consumimos, nada tiene que ver con el impuesto de alumbrado público y la Tasa de Seguridad. Las tarifas en el Caribe son superiores a las del interior del país, porque pagamos un sobre precio aprobado por la Ley del Plan de Desarrollo de Duque con relación a las pérdidas de energía y la Resolución 40272 del MME, que nos impuso un 20%, de pago adicional por comercialización (cartera, bajo recaudo), lo que significa que a la fecha pagamos los caribeños $250 de más, por cada kilovatio que consumimos. Esto sin tener en cuenta que en el Caribe consumimos 9 veces más energía eléctrica que en el interior del país. Mientras un estrato 5 y 6, en Bogotá o Medellín, no consume más de 120 kilovatios, en el Caribe esos estratos con sumen más de 1.100 kilovatios.

El señor Gobernador Eduardo Verano, debe lo antes posible resolver este problema. No es justo, que le paguemos a AIR-E actualmente $420.5 millones mensuales, por recaudar la tasa de Seguridad Ciudadana. Eso es un atraco.