La Procuraduría General de la Nación apeló para que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revoque la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en su Sala de Justicia y Paz de Bogotá, que le otorgó la libertad al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez.
La Procuraduría se mostró en desacuerdo con el magistrado de control de garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, José Manuel Bernal Parra, quien le concedió la libertad a Salvatore Mancuso en atención a un fallo de tutela de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional mantenerlo bajo detención por el proceso que le sigue la Fiscalía por haber lavado millonarios activos después de su desmovilización.
De acuerdo con la Procuraduría, Mancuso ha faltado con sus compromisos de verdad y de entrega de bienes, ya que se evidenció que no ha dado una respuesta a la justicia sobre la legalidad de inmuebles valorados entre cinco y seis millones de dólares y que estarían en manos de posibles testaferros.
La procuradora delegada también cuestionó que Mancuso no lleva 18 años detenido por cuenta de Justicia y Paz, sino que parte del tiempo que pagó en prisión lo hizo por cuenta de una condena de 19 años de prisión que le impuso una Corte de los Estados Unidos, por cargos de narcotráfico y que después permaneció bajo detención transitoria antes de ser traslado a Colombia.
El magistrado determinó sustituir dos medidas de aseguramiento que pesaban contra Mancuso, las cuales fueron emitidas con fecha del 6 de mayo de 2015 y 19 de agosto de 2020.
Según el exjefe paramilitar y su defensa, se le debía respetar la presunción de inocencia porque aunque está siendo investigado señalado de lavar millonarios recursos, a través de las casas de apuestas de la fallecida Enilce López, alias ‘La Gata’, a la fecha no hay una sentencia condenatoria en la que se le declare culpable por estos hechos.
El magistrado Bernal Parra adoptó esta decisión al dejar en claro que la JEP no podrá anular o desplazar la actividad judicial ‘también transicional’, que adelanta Justicia y Paz.
En torno a este caso, la Corte Constitucional está pendiente de resolver un conflicto de competencias para que se defina en adelante si es Justicia y Paz o la JEP, la encargada de tomar decisiones de fondo en relación con los múltiples procesos y medidas de aseguramiento que pesan contra Salvatore Mancuso.
Este conflicto de competencias fue solicitado tanto por los magistrados de Justicia y Paz de Bogotá como de Barranquilla.
