El Facebook Live de esta semana tuvo como invitados a Germán Escobar, Jefe de Gabinete del Ministerio de Salud y Protección Social, Víctor Muñoz, director del DAPRE, y a Julio César Aldana, director del INVIMA, quienes resolvieron inquietudes sobre la adquisición de vacunas contra la COVID-19 por parte del sector privado en el país.
En primer lugar, Germán Escobar, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, aseveró que si bien las empresas pudieron empezar a negociar con dichas casas la compra de vacunas desde la expedición de la Resolución, estas solo podrán ser importadas y administradas en la etapa tres de la fase 1, es decir, una vez se culmine con la inmunización de la población mayor de 60 años.
“En este momento nos encontramos terminando la etapa 2 e iniciando la etapa 3, y es importante que se entienda que esta fase era de vital importancia porque era imprescindible vacunar a la población más vulnerable y a las que más riesgo tienen tanto de enfermar gravemente como de morir, el cual se constituye el principal objetivo del Plan Nacional de Vacunación”, añadió.
Por su parte, Aldana recordó que las únicas vacunas que podrán ser importadas al país serán aquellas que cuenten con la autorización de uso de emergencia por parte del Invima, y dio claridad sobre esta determinación establecida en la Resolución 507 de 2021 que les permite a los privados hacer parte de esta ruta de inmunización nacional.
“Estas deben tener permiso por parte de estas casas farmacéuticas para que un tercero o un importador puedan traerlas a Colombia, ya que son ellas las que deciden quién será su importador y el Invima revisa si este cumple con los requisitos para realizar este proceso; deben también asumir los costos de las vacunas y de su importación, y asumir las condiciones negociadas con el titular de las compañías farmacéuticas autorizadas”, añadió.
A su vez, explicó que el país en este momento ya tiene algunas vacunas con autorización de uso de emergencia, lo cual no implica que se cierre la autorización a otras vacunas en el futuro.
“Sin que esto quiera decir que cualquier otra pueda solicitar dicha autorización, porque son ellas mismas las que deben requerirlas al Invima. Por su parte los privados deben acordar con esas compañías ya que ellos deciden a quién se le deriva la responsabilidad para hacer esa contratación. Además, deben cumplir las normas, requisitos y parámetros establecidos por el Gobierno Nacional para participar”, explicó.
No obstante, este instrumento, según lo aclaró Aldana, no se puede interpretar como una pérdida del control del Estado, ya que el Gobierno en comunión con las agencias internacionales como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos o la Agencia Europea de Medicamentos, han venido trabajado para la obtención de toda la información que dé garantías en materia de seguridad y eficacia. “No significa que nosotros aprobemos rápidamente, sino que ha sido un resultado de un trabajo de muchos meses y en total articulación con la evidencia científica aportada por las autoridades internacionales”, argumentó.
Entre las responsabilidades que deben tener las empresas que decidan hacer parte de este proceso están las del debido almacenamiento de los biológicos, total adherencia del esquema de farmacovigilancia, el cual el Invima cumple funciones como órgano rector, y el debido diligenciamiento de las personas a quienes se vacune en la plataforma dispuesta por el Gobierno Nacional PAIWEB.
Con relación a este proceso de farmacovigilancia, Aldana aseguró que el sistema de salud del país acompañará el proceso de vacunación de los privados ante la presentación de cualquier tipo de evento adverso con la aplicación de los biológicos.
“El Ministerio de Salud, secretarías de Salud, el Invima y los entes territoriales, quienes tienen plenas competencias en la materia, respaldarán estos temas de inspección, vigilancia y control en sus planes de inmunización”, expuso.
Así mismo, aludió que entre los criterios estipulados en el acto administrativo se observa que las vacunaciones por parte de privados deben estar regidos por el principio de equidad del Plan Nacional, por lo que los biológicos deben ser totalmente gratuitos y no podrán, bajo ninguna circunstancia, ser comercializados.
Por su parte, Víctor Muñoz, del Dapre, exhortó al sector privado a establecer conglomerados entre el sector para que se valoren aspectos como la capacidad de inversión, el volumen de vacunas contempladas a comprar y la definición de los criterios logísticos para su importación.
