Contratos por más de 96.347 millones de pesos financiados por la Agencia Nacional de Tierras están bajo investigación; los funcionarios habrían desviado fondos a contratistas a cambio de coimas.
La Fiscalía General ha revelado los detalles de una serie de contratos multimillonarios que han puesto en el centro de un escándalo de corrupción a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según las investigaciones, se celebraron contratos por un valor superior a los 96.347 millones de pesos, recursos que fueron financiados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), una entidad clave en la reforma agraria del país.
El epicentro del escándalo radica en los presuntos acuerdos ilegales entre Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes habrían dirigido órdenes de proveeduría y alquiler de carrotanques hacia contratistas cercanos. A cambio, estos empresarios habrían pagado coimas en beneficio de ambos funcionarios.
La investigación también señala que López gestionó con Luis Carlos Barreto Gantiva y César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el traslado de cerca de 100.000 millones de pesos de la UNGRD a la Agencia Nacional de Tierras. Estos fondos fueron presuntamente redirigidos a empresarios cercanos para la contratación de diversos servicios, incluyendo plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos, carrotanques y pozos subterráneos, todo a cambio de sobornos.
El primer contrato bajo la lupa de la Fiscalía, fechado en 2023, se refiere a la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua potable, un esfuerzo por mitigar la crisis de desastre nacional. Este contrato, valorado en 29.000 millones de pesos, fue adjudicado a la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral – Yapurutú.
En 2024, un segundo contrato de obra se centró en la adquisición de plantas desalinizadoras con un componente autónomo de energía solar, con un costo superior a los 42.428 millones de pesos, adjudicado al consorcio Plantas Desalinizadoras Uribia 2023.
La tercera orden de contratación investigada por la Fiscalía se enfoca en la interventoría técnica, jurídica y financiera del contrato para la adquisición de las mencionadas plantas desalinizadoras, con un valor de 2.547 millones de pesos, adjudicado a Siloh Group SAS.
Otro contrato de 2024, también bajo escrutinio, se dirigió al mantenimiento, repotencialización y puesta en marcha de aerodesalinizadores en el departamento de La Guajira, por un valor superior a los 11.199 millones de pesos, adjudicado a ACF Ingeniería SAS.
Asimismo, en 2023, otro contrato investigado tenía por objetivo la construcción de bases de concreto reforzado para la instalación de tanques de almacenamiento de 5.000 litros en La Guajira. Este contrato, valorado en 6.558 millones de pesos, fue adjudicado a la Unión Temporal Bases de la Guajira.
Otro contrato del mismo año se relaciona con la adecuación, mantenimiento y puesta en marcha de pozos subterráneos de baja y alta capacidad en los municipios de Maicao y Manaure. Esta obra, valorada en 4.351 millones de pesos, fue adjudicada a Tecnoaguas SAS.
Finalmente, la Fiscalía también investiga la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica de un contrato para la adecuación, mantenimiento y puesta en marcha de pozos subterráneos en Maicao, Manaure, Uribia y Riohacha. Este contrato, valorado en 261 millones de pesos, fue adjudicado a Grupo Consultor e Ingenieros SAS.
Este escándalo subraya el alcance de la corrupción en la administración pública y el desvío de fondos destinados a la atención de crisis nacionales. Las investigaciones continúan, y se espera que los responsables enfrenten consecuencias legales por su participación en estos actos de corrupción.
