Hay una propuesta clave del Gobierno nacional a la empresa Thomas Greg & Sons.
La propuesta, que actualmente se encuentra en fase de negociación, tiene como objetivo explorar la posibilidad de prorrogar el contrato para la expedición de pasaportes, que está previsto finalizar el próximo 2 de octubre.
La decisión del Gobierno de volver a entablar conversaciones con Thomas Greg & Sons llega tras un complejo proceso que incluyó la revisión de alternativas y la posibilidad de contratar a proveedores internacionales. A pesar de las amenazas de buscar soluciones extranjeras, el Gobierno parece haber concluido que la empresa que ha manejado tradicionalmente la expedición de pasaportes sigue siendo la mejor opción disponible.
La historia se desenvuelve en el contexto de una reunión crucial celebrada el pasado martes en la tarde-noche en el despacho de la procuradora Margarita Cabello, con la participación del contralor Carlos Hernán Rodríguez, el canciller Luis Gilberto Murillo y la directora de la imprenta, Viviana León. Esta reunión, que no era opcional, tenía como propósito principal discutir el plan B para la expedición de pasaportes a partir del 3 de octubre y examinar las estrategias del gobierno para septiembre de 2025.
Como resultado de esta reunión, la Cancillería ha decidido reabrir los canales de diálogo con Thomas Greg & Sons. El primer objetivo de esta reactivación de conversaciones es asegurar que no haya interrupción en la expedición de pasaportes tras la finalización del contrato actual. La idea es negociar una prórroga temporal del contrato para garantizar la continuidad del servicio.
El segundo objetivo de estas negociaciones es abordar la demanda presentada por Thomas Greg & Sons contra el Estado colombiano, derivada del incumplimiento del contrato anterior y la revocatoria del contrato del entonces canciller Álvaro Leiva, cuyo monto supera los $100,000 millones. Se espera que, en las próximas mesas de trabajo, que también incluirán a los órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría, se concrete una solución que pueda llevar a la empresa a retirar su demanda.
Aún se desconoce la duración exacta del nuevo contrato, si será de seis meses o más, y los detalles financieros asociados. Las negociaciones están en sus primeras etapas, y se espera que se llegue a una resolución en las próximas semanas.
La Cancillería había suspendido la licitación para el contrato de pasaportes y etiquetas de visado debido a las quejas de otras empresas interesadas que alegaban la falta de libre competencia. Durante los últimos 17 años, la firma Thomas Greg & Sons había sido la única encargada de estos servicios, lo que generó preocupaciones sobre un posible monopolio en el sector.
A pesar de que al contrato con Thomas Greg & Sons le quedaban todavía tres años de vigencia, la empresa decidió demandar al Estado en diciembre pasado por un monto de 117.000 millones de pesos, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno.
La controversia también llevó a la suspensión de la licitación a mediados de febrero, mientras se revisaban más de 550 observaciones de las partes interesadas. Esta situación llevó a la Procuraduría a suspender al canciller Álvaro Leyva por tres meses debido a posibles irregularidades en el proceso de licitación.
La Cancillería reasignó la responsabilidad de la licitación a la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargada de coordinar los trámites administrativos, presupuestales y jurídicos. Sin embargo, Salazar firmó la resolución adjudicando el contrato de 599.000 millones de pesos a la Unión Temporal Pasaportes 2023, liderada por Thomas Greg & Sons. La Procuraduría General también suspendió a Leyva en enero de 2024 por posibles irregularidades en la licitación.
