- En Santa Marta, la jefe del Ministerio Público fue enfática al afirmar: “no puede ser que estos trámites, que deberían tardar tres meses, se demoren hasta dos años”.
- Destacó su preocupación por demoras en licencias de proyectos como La Mojana, el Canal del Dique, Komodo-1, Uchuva, entre otros, que terminan suspendiéndose por órdenes superiores cuando están a punto de ser entregadas.
La Procuradora General Margarita Cabello fue enfática en llamar la atención por las demoras al entregar licencias claves para el desarrollo y mejoramiento del país.
En Santa Marta, en su intervención en el Encuentro Nacional de Procuradores Judiciales Ambientales, aseguró que hay casos que son preocupantes para el país como lo que sucede en La Mojana, en el Canal del Dique, o casos aún más recientes como los pozos Komodo-1 o Uchuva, que afectan las explotaciones y exploraciones en un momento en el que el país lo necesita por la crisis energética.
“Existen trámites que han durado más de dos años como Sogamoso 500, el Chivor Norte, Virginia – Nueva Esperanza, esenciales para la seguridad energética en Bogotá que están siendo demorados por las autoridades ambientales”, añadió.
Balance medioambiental, energético y agrario
La jefe del Ministerio Público, como parte del balance de la gestión preventiva, de intervención y disciplinaria en su administración, destacó el fortalecimiento del sistema de control y fiscalización de actividades mineras ilegales.
“A través de la coordinación con las autoridades locales, se intensificó la supervisión y el monitoreo en las zonas críticas afectadas por la minería ilegal, especialmente, en áreas de ecosistemas estratégicos y cuencas hidrográficas, como es el caso del río Suratá”, añadió.
La Procuradora agregó que, además de las mesas nacionales, se desarrollaron planes de acción a nivel departamental y municipal: “priorizamos las zonas más afectadas por la minería ilegal, con esfuerzos en conjunto con las Corporaciones Autónomas Regionales y autoridades ambientales, lo cual ha derivado en la clausura de puntos críticos de explotación ilegal en departamentos como Antioquia, Cauca y Chocó”.
Como cabeza del Ministerio Público, Cabello Blanco aseveró que se logró optimizar la articulación entre el Ministerio de Minas, la UPME, las autoridades ambientales y los gobiernos locales para implementar más de 10 proyectos de energías renovables no convencionales en los departamentos de Cesar, Bolívar, Boyacá y Cundinamarca, avanzando hacia la sostenibilidad de la transición energética.
“La lucha contra la minería ilegal es un flagelo que arrasa con ecosistemas enteros y pone en peligro la salud de nuestros compatriotas, es uno de los ejes centrales de nuestra Estrategia Nacional para el Control de la Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio –“Colombia sin minería ilegal, ni mercurio”.
Resaltó los planes de monitoreo gestionados en las fuentes hídricas que abastecen Cali y Bucaramanga, afectadas por la minería ilegal en el país; la instalación de la única unidad de almacenamiento de mercurio en Colombia; y la emisión del nuevo decreto sobre la destrucción de maquinaria amarilla usada en minería ilegal, que permite al Ejército Nacional ejercer dicha labor.
También recalcó logros a través de la Delegada para Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios como la implementación del proyecto “Fortalecimiento de las garantías de los derechos reconocidos de las mujeres rurales dentro del marco normativo ambiental”, desarrollado con el apoyo de USAID y el IEMP, a través del cual se capacitó a más de 50 lideresas.
Finalmente, concluyó que, con su equipo interdisciplinario de biólogos marinos, ingenieros ambientales, abogados y físicos “hemos abordado los problemas más complejos con una perspectiva integral y técnica”.
Y concluyó que deja como legado “una entidad guardiana del medio ambiente, de la seguridad energética y de los derechos de los trabajadores rurales en cada rincón del país”.
