La Defensoría del Pueblo, a través de su regional Magdalena y la Delegada para la Salud y la Seguridad Social, intervino de manera efectiva en una protesta de cuidadores de personas con discapacidad en Santa Marta.
Los manifestantes denunciaban deficiencias en la prestación de servicios médicos. Gracias a la gestión de la Defensoría, se logró un acuerdo con las entidades involucradas para mejorar la atención a este grupo vulnerable. Entre los acuerdos destaca la reapertura de servicios en el IPS Centro Esperanza, la búsqueda de especialistas y una nueva red de servicios en la ciudad, así como espacios de orientación para usuarios y familiares.
En la reunión participaron EPS Coosalud, representantes de la Secretaría de Salud de Santa Marta, Procuraduría General de la Nación y Personería de Santa Marta, además de una comisión de manifestantes.
Finalmente, se programó una nueva reunión para el próximo 20 de enero, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los compromisos acordados en beneficio de los derechos de las personas con discapacidad.
