El futuro de la empresa de energía Air-e sigue siendo incierto. En medio de su intervención con fines liquidatorios, el agente interventor de la compañía, Edwin Palma, reveló este jueves que el Gobierno Nacional considera la posibilidad de adquirir la empresa para evitar que sea entregada nuevamente a sus accionistas, luego de los graves hallazgos en las áreas operativas, financieras y técnicas.
En declaraciones realizadas durante una visita a la sede administrativa de Air-e en Santa Marta, Palma afirmó: “Esta compañía no será devuelta a los dueños. Esa sí es una decisión política que está tomada”. Según el interventor, el gobierno está evaluando distintas alternativas para resolver la situación de la empresa, entre las cuales se baraja la compra por parte del Estado, aunque no se ha tomado una decisión final sobre si se liquidará o si la compañía será vendida.
“Solución empresarial”: una posibilidad en construcción
Palma destacó que se está trabajando en lo que denominó la “solución empresarial”, un plan que incluirá una convocatoria pública para explorar las posibles opciones de futuro para Air-e, incluyendo la posibilidad de su compra por parte del Gobierno. “Estamos en la construcción de lo que se llama la solución empresarial”, indicó el interventor, quien también mencionó que se llevarán dos o tres escenarios posibles al presidente Gustavo Petro para su evaluación.
Compromiso con los usuarios y mejora del servicio
El interventor también hizo un llamado a los empleados de la compañía para que redoblen esfuerzos en mejorar la atención a los usuarios, con el objetivo de restaurar la confianza de los 1.3 millones de clientes de Air-e en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. En este contexto, Palma firmó el ‘Gran Pacto con la Comunidad para la Calidad Eléctrica y el Bienestar de los Usuarios de Air-e’, un acuerdo que busca mejorar la calidad del servicio eléctrico, reducir tarifas y promover un plan de transición hacia energías limpias.
La importancia de la colaboración ciudadana
En su discurso, el interventor también destacó la relevancia de que los usuarios de la región asuman un uso responsable de la electricidad y cumplan con sus facturas. “Le pedimos a la ciudadanía que pague su factura, que se acerque a la compañía a hacer acuerdos de pago con nuestros colaboradores y que conviertan un círculo vicioso en un círculo virtuoso”, expresó Palma.
Medidas del Gobierno para estabilizar la empresa
A raíz de la intervención con fines liquidatorios, el Gobierno, en colaboración con el Ministerio de Hacienda, ha implementado un plan de choque para garantizar la compra de energía, incluyendo certificaciones de subsidios por cerca de $300 mil millones y recursos por $100 mil millones. Además, se ha lanzado el Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone) y se trabaja en soluciones de autogeneración de energías limpias.
Respaldo de los usuarios al Gobierno como administrador
Desde el lado de los usuarios, Norman Alarcón Rodas, coordinador en el Caribe de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, expresó su apoyo a la idea de que el Gobierno mantenga el control de la empresa a largo plazo. “Es el único que tiene el músculo financiero para realizar las cuantiosas inversiones requeridas”, dijo Alarcón, quien también sugirió la creación de una compañía pública regional para asegurar la estabilidad de los servicios a largo plazo.
Alarcón hizo un llamado al Gobierno para que se derogue el régimen especial tarifario que afecta a la región Caribe y que, según él, ha perjudicado a los usuarios del servicio eléctrico en la zona.
El futuro de Air-e sigue en el aire, mientras el Gobierno sigue evaluando las posibles soluciones que podrían cambiar el rumbo de la empresa y mejorar la calidad del servicio eléctrico para millones de colombianos en la región Caribe.
