La plenaria del Senado pidió más acciones para aliviar la crisis humanitaria que sigue aquejando al Catatumbo, tras el recrudecimiento del conflicto en las últimas semanas.
El pronunciamiento de la mayoría de los senadores, representados en las diferentes bancadas, se conoció en la sesión especial en la que se expuso el informe de la Comisión Accidental sobre la declaratoria de Conmoción Interior en la zona.
De acuerdo a la Constitución Nacional tres días después de la expedición de un decreto de Conmoción Interior, el Gobierno debe enviarla al Congreso para que las cámaras, 15 días después, se pronuncien sobre esa medida de excepción.
Aunque hubo voces que apoyaron decididamente la medida gubernamental, las mayorías partidistas, empezando por la oposición, exigieron más acciones por parte del gobierno para subsanar la violencia y crisis humanitaria en esa región fronteriza.
Actuación firme de la Fuerza Pública
El presidente del Senado, Efraín Cepeda,fue contundente en señalar que “lo que requerimos, más que papeles y conmociones, es actuación firme y férrea de la Fuerza Pública, y que se la permita el Gobierno, porque en el Catatumbo por lo que hemos escuchado, sigue a merced de los grupos criminales sin la entrada vigorosa de Fuerza Pública.
Si bien es cierto que el Congreso ejerce un control político sobre las declaratorias de conmoción interior, las decisiones que ejerza el legislativo, no son vinculantes.Sin embargo, voces de congresistas señalaron que las opiniones del legislativo sobre la declaratoria del estado de excepción, deben ser tenidas en cuenta por la corte constitucional, tribunal que en última instancia declara si es exequible dicho decreto.
El senador Honorio Henríquez (Centro Democrático) quien forma parte de la comisión accidental enfatizó: “Dejamos constancia que esta declaratoria de conmoción no es la solución a los problemas que viven los compatriotas del Catatumbo. Esta conmoción es una confesión al fracaso de este gobierno. Prometieron paz, pero hay guerra total. El Presidente prometió que el Catatumbo sería la capital de la paz, incluso aseguró que en tres meses acabaría con el ELN, y que pasó, que el ELN creció, pasó de 5.880 combatientes en el 2022 a 6.300 en el 2024 y se expandió a 231 municipios, mientras que las disidencias de las Farc no se quedaron atrás, controlan 205 municipios y avanzan sin freno…no hay paz , hay más violencia, secuestro, más miedo, las familias se están muriendo y encuentran el brazo, pero desolador, de un gobierno que no conduce a soluciones, porque no hay garantías de retorno”.
Entre tanto el senador Miguel Uribe, Centro Democrático, acentuó que la situación que se está viviendo en el Catatumbo no era imprevisible. “El Gobierno ignoró todas las alertas, todas las señales, pero además contribuyó a la tragedia humanitaria que está viviendo el Catatumbo, Norte de Santander y el sur del Cesar”, indicó.
Agregó que “El ELN, las Farc y el Clan del Golfo se fortalecieron por culpa de este Gobierno…lo que pasa en el Catatumbo es el resultado del narcotráfico creciente que este Gobierno ha dejado crecer por complacencia, irresponsabilidad y también por pagarle a quienes lo eligieron de manera injusta e inhumana con los colombianos…hay que gobernar en territorio pero necesitamos que vuelva la seguridad”.
Mantener Estado Social de Derecho
En el informe la Comisión Accidental instó al ejecutivo para conjurar la grave crisis humanitaria con acciones concretas: “direccionar las acciones e inversiones en la región, brindar apoyo efectivo a las entidades territoriales en esta situación de crisis, suscribir y poner en marcha el Pacto del Catatumbo coordinado con las autoridades regionales, garantizar el retorno seguro de la población civil en condiciones de respeto por el derecho humanitario, proteger y reintegrar los bienes de los desplazados, recuperar el territorio en conflicto; garantizar el acompañamiento de los órganos de control del Estado y fortalecer el trabajo de la Fiscalía General de la Nación”.
La Comisión Accidental estará atenta a los informes mensuales que debe presentar el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República, respecto de la expedición de los decretos legislativos y las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de conmoción interior.
