El alto tribunal tomó la decisión desde su Sección Quinta, con ponencia de Pedro Pablo Vanegas Gil.
El Consejo de Estado falló a favor de los opositores que participaron en la marcha del 24 de noviembre de 2024, ordenando al presidente Gustavo Petro ofrecer disculpas públicas por haberlos calificado como “victimarios”.
Con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, de la Sección Quinta, se le dio la razón a Josías Fiesco Agudelo, uno de los manifestantes que decidió entutelar al jefe de Gobierno porque se refirió a ellos como “victimarios”, compartiéndolo en su cuenta de X.
“Mañana marcharán, convocan los victimarios, los que quieran que esta injusticia siga padeciéndose en el país, los que quieren que no haya una reivindicación para las víctimas, los que quieren que las hijas de los campesinos terminen en los burdeles de la gran cuidad o que el hijo del campesino termine levantando un fusil para matar a su hermano de sangre o a su hermano de tierra”, dijo Petro desde Chimichagua, Cesar, un día antes del evento en las calles.
Para el alto tribunal, lo primero que tocaba dejar claro es que las afirmaciones que hizo Petro hacen parte de la libertad de expresión de toda persona, y que esa expresión frente a los manifestantes no vulneraba la honra o el buen nombre de Fiesco Agudelo.
Sin embargo, en lo que tiene que ver con el derecho a la protesta, para el Consejo de Estado el presidente Petro tuvo un discurso que excedió los límites de opinión que tiene un funcionario público, y más por el cargo que se desempeña desde 2022.
“Debido a su calidad de servidor público y de máximo dignatario, sus declaraciones deben ser analizadas con mayor rigor. Esto supone que sus opiniones deben contar con una justificación fáctica mínima, para evitar cualquier forma de estigmatización o discriminación, que pueda afectar los derechos fundamentales de las personas”, dio a conocer el alto tribunal.
En síntesis, para la magistratura “calificar a quienes ejercen su derecho a la protesta legítima de la forma en que lo hizo el Presidente de la República, constituye una injerencia que vulnera su derecho fundamental“. Por esta razón, le ordenó a que en máximo cinco días una vez le notifiquen el fallo de tutela, ofrezca unas excusas públicas a lo manifestantes a través de las redes sociales de la Presidencia de la República, del Dapre y en su cuenta personal.
La decisión del primer mandatario podrá impugnarse hasta tres días después de que sea notificado por el Consejo.
