Un homicidio registrado en la zona urbana de El Plateado, Cauca, frustró la liberación de 28 policías y un oficial del Ejército, quienes habían sido secuestrados por comunidades locales en un contexto de tensiones con los grupos armados en la región.
La liberación de los uniformados estaba siendo negociada en una mesa liderada por la Defensoría del Pueblo, la MAPP-OEA, la ONU y la Personería de Argelia. El encuentro, que tuvo lugar en la caseta comunal de la vereda La Hacienda, había avanzado en la discusión de un pliego de exigencias presentado por los líderes del territorio. Entre las demandas se encontraban la no judicialización de las personas identificadas tras los enfrentamientos con el UNDMO (Unidad de Desminado Humanitario), y el retiro de las Fuerzas Militares de la zona.
Durante el proceso, ambas partes alcanzaron ciertos acuerdos, y los funcionarios de la delegación humanitaria se preparaban para recibir a los secuestrados. Sin embargo, el asesinato de un hombre en la zona urbana del corregimiento interrumpió el avance de las negociaciones. El homicidio provocó que no se permitiera la salida de los uniformados ni de los equipos negociadores, lo que intensificó las tensiones en la región.
Líderes del territorio responsabilizaron al grupo armado disidente Segunda Marquetalia y al Ejército Nacional por el crimen. Un líder local, en su intervención, expresó con firmeza: “No nos vamos a quedar callados, y esto no se va a quedar así.”
Este incidente se produjo en un contexto de creciente violencia en el Cauca, cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había anunciado su visita al departamento para reunirse con autoridades y líderes locales sobre la situación en el Cañón del Micay.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales afirmando que el Ejército Nacional no se retirará de El Plateado ni del Micay: “Esa es una decisión irreversible porque el Micay no le pertenece a los carteles mexicanos, sino a Colombia. La ofensiva militar y social debe duplicarse.”
Además, Petro agregó: “Si se mantienen retenidos los miembros de la Policía, se extenderá la conmoción interior al Micay para financiar la ofensiva militar y social definitiva. Esperamos del campesinado libre su decisión para incluirse en el programa de pagos masivos por erradicación de las plantas de coca.”
El asesinato de este hombre y la interrupción de la liberación de los uniformados son solo un reflejo de la continua escalada de violencia y de la complejidad de la situación en el Cauca, donde las comunidades, los grupos armados y el Estado siguen inmersos en un delicado proceso de negociación y confrontación.
