Un juez penal de conocimiento dictó condena a tres personas por su responsabilidad en actos de corrupción relacionados con la ejecución de un contrato educativo en el departamento del Magdalena. Antonio José Matera Ramos, exsecretario de Educación, fue sentenciado a 20 años y 10 meses de prisión, mientras que la exfuncionaria de la Gobernación, Dubys Teresa Zagarra Palacios, recibió una pena de 25 años. El contratista John Mairon Macías Sierra, quien estuvo a cargo de la ejecución del contrato, fue condenado a una pena aún mayor de 33 años y 4 meses de prisión.
La condena, que fue emitida por un tribunal especializado, responde a un caso de peculado por apropiación en el marco de la celebración del contrato 545 de 2013, suscrito entre la Gobernación de Magdalena y una fundación para la prestación de servicios educativos a menores fuera de la cobertura departamental. El proyecto, con un valor de 18.531 millones de pesos, tenía como objetivo beneficiar a 15.524 niños, niñas y adolescentes, pero solo logró atender a 5.191, lo que constituye un claro incumplimiento del contrato y un desvío de recursos públicos.
Mal manejo de recursos y falsificación de documentos
Según la Fiscalía General de la Nación, la investigación reveló que el contratista Macías Sierra no cumplió con la obligación de ubicar las aulas, dotarlas de material adecuado ni garantizar la correcta contratación de los docentes. Además, presentó documentos falsos, como contratos de profesores y facturas, que daban cuenta de actividades que en realidad nunca se realizaron. Se descubrió que la empresa que presentó como proveedora de servicios estaba registrada únicamente para comercializar autopartes, no para ofrecer servicios educativos.
Por su parte, Zagarra Palacios, quien se desempeñaba como supervisora del contrato, dio su aval a las falsificaciones presentadas, mientras que Matera Ramos, en su rol de exsecretario de Educación, aprobó una certificación que supuestamente validaba la ejecución exitosa del contrato, lo que permitió el desembolso de recursos públicos.
Un desvío de 5.000 millones de pesos
La Fiscalía señaló que, a través de estos actos fraudulentos, los involucrados permitieron el desvío de al menos 5.000 millones de pesos. A pesar de los incumplimientos, la interventoría del contrato, a cargo de una universidad pública, certificó que el objeto del contrato se había cumplido en su totalidad, una declaración que resultó ser falsa.
El fallo es de primera instancia y las tres personas condenadas aún tienen la posibilidad de interponer los recursos legales correspondientes. La Fiscalía puntualizó que las penas deberán cumplirse en un establecimiento carcelario, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción en el sector público.
Este caso pone en evidencia las graves fallas en el manejo de los recursos destinados a la educación en Magdalena, afectando a miles de niños y dejando una mancha en la ad
