En una nueva vuelta de contradicciones dentro del Gobierno de Gustavo Petro, el Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, lanzó esta semana una propuesta que pone en duda las decisiones previas del Ejecutivo en torno a la opción tarifaria, la deuda millonaria que afecta al sector energético del país.
La propuesta de Palma, anunciada la noche del miércoles, plantea que sean los estratos 4, 5 y 6, junto con los sectores industrial y comercial, quienes asuman el pago de la opción tarifaria correspondiente a los hogares de estratos más bajos. El Ministro defendió su propuesta, argumentando que estos sectores podrían contribuir con los saldos de la deuda, lo que aliviaría las finanzas de las distribuidoras de energía. “Creo que vale la pena revisarla porque podría generar los recursos necesarios para la caja de las distribuidoras”, afirmó en su intervención.
Sin embargo, esta nueva postura entra en contradicción directa con lo expresado por el presidente Gustavo Petro el 7 de mayo de 2024, cuando en Barranquilla propuso que fuera el Estado quien asumiera la deuda derivada del congelamiento de tarifas durante la pandemia. En ese entonces, Petro argumentó que la deuda, que ascendía a más de 5 billones de pesos, debería ser transformada en deuda pública y que el Estado debía asumirla como parte de sus responsabilidades fiscales.
En palabras del Presidente en ese momento, “esa deuda tiene que, voy a usar la palabreja, titularizarse, es decir, convertirse en deuda pública de la Nación”. Petro rechazó la propuesta del exministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, de refinanciar la deuda, considerando que esa opción solo postergaba el problema. “Eso es tapar un hueco con otro hueco”, había señalado el mandatario.
La deuda de la opción tarifaria, que afecta a generadoras, comercializadoras y distribuidoras de energía, ha sido un tema de constante debate desde su origen, con un saldo pendiente de pago que, a agosto de 2024, ascendía a más de 382 mil millones de pesos. A pesar de que en septiembre de ese año se realizó un pago parcial, el cobro fue suspendido en octubre, lo que dejó la deuda en un limbo financiero.
Ahora, con la llegada de Palma al Ministerio, la propuesta ha dado un giro significativo: la carga recaerá sobre los sectores de mayores ingresos, lo que podría extender el pago de la deuda por un periodo de entre 8 y 10 años. Esta iniciativa, si es aprobada, deberá ser presentada como un proyecto de ley ante el Congreso.
“El sistema tributario de un país debe basarse en la solidaridad, los que más tienen más deberían pagar”, defendió Palma, en un intento por justificar que los estratos más altos y los sectores industriales financien la deuda de los hogares más vulnerables.
Sin embargo, la propuesta del Ministro, sumada a las contradicciones previas de la administración Petro, deja en evidencia la falta de claridad y consistencia en las políticas del Gobierno del Cambio. Las decisiones sobre cómo manejar la deuda energética siguen generando incertidumbre, mientras se mantienen las tensiones internas sobre quién debe asumir la responsabilidad económica del sector.
