Lo que durante años parecieron ser simples procesos de reclamación de tierras, hoy se revelan como parte de una meticulosa y presunta red criminal que habría despojado a constructoras y empresas privadas de valiosos predios en el municipio de Soledad. La Fiscalía General de la Nación destapó uno de los escándalos de corrupción más complejos del Atlántico reciente: 18 personas fueron capturadas y cada una enfrenta cargos concretos por su papel en esta maquinaria de despojo.
Durante la audiencia de imputación, el ente acusador desgranó con precisión quirúrgica el modus operandi empleado en al menos cuatro casos emblemáticos, detallando cómo abogados, inspectores de policía, notarios y funcionarios del sistema de registro inmobiliario habrían participado en un esquema de falsificaciones, fraudes y uso indebido del poder legal para arrebatarle tierras a sus verdaderos propietarios.
Las víctimas de esta red incluyen a las constructoras Marval, Arquitectura y Concreto, Amarilo, así como a la empresa Tcherassi Mayans & Compañía. La Fiscalía, incluso, no descarta vínculos con grupos delincuenciales como ‘Los Costeños’, apoyándose en interceptaciones telefónicas presentadas durante la audiencia.
Caso por caso: un engranaje bien aceitado
1. Acacías Rojas: cuando una zona verde se convirtió en botín
El primer caso destapado ocurrió en el proyecto Acacías Rojas, en el barrio Los Manantiales. La constructora Arquitectura y Concreto había cedido un terreno a la Alcaldía de Soledad para uso comunitario, específicamente como zona verde. No obstante, la red habría identificado el predio como un blanco estratégico.
Usando documentos aparentemente legalizados en notarías y registros públicos, los implicados iniciaban el proceso de apropiación. El paso final era obtener un amparo policivo, figura jurídica diseñada para proteger la posesión legítima, pero aquí utilizada como herramienta para legalizar la invasión.
Los presuntos involucrados:
Luis Fernando Rojas Peñalosa y el abogado José Luis Márquez: supuestos agentes corruptores.
José Pacheco, calificador de Instrumentos Públicos.
Ex y actuales registradores: Iván Carlos Páez, y David Castro Macías.
Notarios: Ana Dolores Meza Caballero y José María Mejía de la Hoz.
Inspector de Policía: Marlon Mora.
2. Villa Regina: el turno de la finca privada
En la Finca Villa Regina, propiedad de Tcherassi Mayans & Compañía, el guion se repitió con una variante: la inclusión de falsos testigos que reforzaban las querellas. El patrón era siempre el mismo: amparo policivo, seguido de una solicitud de pertenencia en juzgados civiles.
Participantes señalados:
Ines Aminta Salas y Wilmar Machuca: señalados como intermediarios.
Rafael Enrique Bossio Pinzón, abogado calificador.
Roque José Lugo, testigo clave en varios casos.
Neysi Cantillo del Toro, inspectora de Policía.
3. Ciudad del Parque: se apropiaron del megacolegio
En el megaproyecto Ciudad del Parque, de la firma Marval, la constructora había cedido un lote para la edificación de un colegio. Ese predio también fue blanco de esta presunta red criminal, usando nuevamente la figura del amparo policivo.
Los imputados:
Luis Miguel Martínez y Wilmar Machuca, agentes corruptores.
Rafael Enrique Bossio, nuevamente como abogado calificador.
Testigo: Roque José Lugo.
Inspector: Marlon Mora.
Facilitadores jurídicos: Alex Ahumada, José Pacheco, David Castro, Iván Carlos Páez.
Andrés Rafael Díaz, asesor jurídico de la Alcaldía de Soledad.
4. Ciudad Salitre: Amarilo también fue víctima
En el proyecto Ciudad Salitre, la constructora Amarilo se vio envuelta en un nuevo episodio del patrón criminal. Nuevamente, con amparos policivos se habría intentado blanquear la ocupación del terreno.
Involucrados:
Ismael Cárcamo Albarino, como agente corruptor.
Roque José Lugo, testigo.
Neysi Esther Cantillo del Toro, exinspectora de Policía.
Una red con presunta participación institucional
Más allá de los nombres, lo que alarma es el nivel de institucionalidad comprometido. Notarías, inspecciones de Policía, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos e incluso miembros de la administración municipal figuran entre los investigados. La Fiscalía imputó a los capturados cargos por delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción, fraude procesal, cohecho, falsedad ideológica en documento público, entre otros.
Todos los implicados rechazaron los cargos. La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento fue fijada para el jueves 8 de mayo, a las 8:00 a.m..
La lupa ahora está puesta sobre quiénes más sabían, quiénes se beneficiaron económicamente y hasta dónde llegó la red. Soledad, una vez más, queda en el ojo del huracán judicial.
