La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado formalmente a cinco exintegrantes del Bloque Caribe de las extintas FARC-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad, en relación con 827 secuestros individuales y colectivos perpetrados entre 1993 y 2002 en la región Caribe.
Según la JEP, los imputados, quienes formaban parte del Estado Mayor del Bloque Caribe, son responsables de secuestros que buscaban la obtención de recursos económicos, la consolidación del control territorial y la presión sobre el Estado para lograr intercambios por guerrilleros presos. Los hechos afectaron a civiles, políticos y ganaderos en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla.
Entre los imputados se encuentran Abelardo Caicedo, Osmany Landero, Gilberto de Jesús Giraldo, Luis Cuadras y Uriel Oviedo. La JEP también les atribuye responsabilidad por delitos conexos cometidos en medio de los secuestros, incluyendo desaparición forzada, homicidio, desplazamiento, tortura y violencia sexual.
La JEP ha documentado que las víctimas fueron retenidas durante operativos conocidos como “pescas milagrosas” y que los secuestros también se orientaron a obtener influencia política o estratégica, como en el caso de la exministra de Cultura, Consuelo Araújo Noguera.
La imputación se dirige exclusivamente contra excombatientes que sobrevivieron al conflicto, dejaron las armas y se acogieron al Acuerdo Final de Paz de 2016.
